Venezuela no tuvo un año fácil dentro del sistema de Naciones Unidas en 2022 y los pronósticos de denuncias sobre su actuación -y la falta de ella- en derechos humanos se mantienen para 2023. Además arrastra las recomendaciones inconclusas de varias instancias de la ONU, entre ellas las de la Oficina del Alto Comisionado para DDHH con quien mantiene una carta de entendimiento.
Por Tal Cual
El 25 de enero pasado, Venezuela se enfrentó a su tercera revisión del Examen Periódico Universal, un mecanismo de la ONU para revisar a sus Estados miembros. Se le emitieron 328 recomendaciones, hechas por 116 países, sobre temas que van desde la ratificación de protocolos contra la tortura y desapariciones forzadas; lucha contra la trata de migrantes; reformar el sistema de justicia y garantizar su independencia; además del cese de la persecución política, a periodistas y defensores.
También hay recomendaciones dirigidas a aumentar la cobertura en salud, alimentación y llegar a las población más vulnerables, reforzar la Comisión Nacional contra la Tortura o implementar planes efectivos para disminuir la violencia contra la mujer o garantizar la igualdad de género.
El embajador de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, reiteró el discurso de las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro y además denunció que una “minoría de países” intentaron “disfrazar de recomendaciones lo que en realidad son afirmaciones infundadas, injerencistas que nada tienen que ver con mi país (…) Quienes nos agreden de esa manera tiene el temor de la verdad de Venezuela”.
En todo caso, el país tiene un periodo de cuatro años y medio para cumplir esas obligaciones en virtud de los principios de buena fe.
A principios de octubre y tras una votación con amenazas de medidas políticas por parte de Venezuela, se decidió dentro del Consejo de Derechos Humanos que la Misión de Determinación de los Hechos y la Oficina del Alto Comisionado en DDHH, encabezada por el austríaco Volker Turk, continúen sus revisiones e informes sobre el país. Días después el país también perdió su silla dentro del Consejo.
La Misión, compuesta por los expertos Martha Valiñas, Francisco Cox y Patricia Tappatá, tiene como trabajo en 2023 ahondar en sus investigaciones sobre el trabajo de los organismos de inteligencia del Estado de Venezuela, tanto civiles como militares, y la cadena de mando involucrada en presuntos crímenes de lesa humanidad.
Para seguir leyendo, clic AQUÍ.