Las víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el cierre de frontera, las deportaciones y los desplazamientos forzosos ordenados por Nicolás Maduro en agosto de 2015, presentarán sus opiniones y observaciones ante la Corte Penal Internacional (CPI) con motivo de la decisión de la Sala de Asuntos Preliminares de escuchar al régimen venezolano, al fiscal de la CPI, Karim Khan, y a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, para evaluar la continuación de la investigación contra el Estado de Venezuela, que ha pedido se paralice.
Al respecto, el defensor de derechos humanos, presidente de la Fundación El Amparo y director del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven), Walter Márquez, manifestó que las organizaciones que agrupan a deportados y desplazados de la frontera, quienes residen en Cúcuta, como la Fundación de Deportados, Repatriados y Desplazados (Deredez), presidida por Ana Teresa Castillo, y la Asociación Civil Unidos por un Mismo Fin, que coordina Adriana Barragán, están trabajando conjuntamente con la Fundación El Amparo para llenar los formularios de la consulta que está adelantando la CPI, con el objetivo de atender la opinión de las víctimas sobre la investigación contra altos funcionarios civiles y militares de Venezuela.
“En agosto de 2015 fue cerrada la frontera, deportados y desplazados de manera forzosa más de 24.500 colombianos, lo cual fue acompañado de la demolición de viviendas en el barrio La Invasión de San Antonio del Táchira. A las viviendas les colocaron primero, como en la época nazi, R de revisar y D de demoler, y destruyeron más de 200 casas, según un informe de la OEA, violando normas nacionales e internacionales, cuando muchas de esas personas estaban en Venezuela en calidad de refugiados y protegidos por el derecho internacional”, recordó.
Márquez explicó que con este proceso, la Corte Penal Internacional revisará los diferentes crímenes cometidos por el Estado venezolano en la voz de las víctimas, por lo que la Fundación El Amparo, Deredez y Asociación Civil Unidos por un Mismo Fin, están recopilando la información y enviándola en los formularios diseñados por la CPI.
El 1° de enero se dio una apertura gradual de la frontera por el Puente Internacional Atanasio Girardot (conocido como Puente Tienditas), por lo que Márquez reiteró la importancia de la apertura total sin impunidad, ya que los crímenes de lesa humanidad cometidos en su época por el régimen de Nicolás Maduro tienen que ser investigados y sancionados.
“Por eso los miles de afectados por ser víctimas, le están pidiendo a la Corte Penal Internacional, la reactivación de la investigación y la sanción para los responsables de estos crímenes colectivos. Un equipo de abogados está trabajando en Cúcuta y otro en Venezuela, con abogados acreditados ante la CPI en La Haya, quienes representarán a las víctimas de estos crímenes atroces cometidos durante el cierre fronterizo”, agregó Márquez.