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Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Refugee Work Holanda y Human Rights Defense Curazao (HRDC) enviaron una carta a los presidentes de los parlamentos de Países Bajos, Curazao, Aruba y Sint Maarten para que presten atención especial a los refugiados y “migrantes en crisis” de Venezuela que buscan “seguridad y estabilidad” en las islas del Caribe Neerlandés.
Las ONG extendieron esta solicitud con motivo de la Consulta Interparlamentaria del Reino de Países Bajos (IPKO), que comienza este 28 de febrero en Willemstad y que tendrá a la migración como uno de los temas principales de la agenda.
“Los extranjeros son bienvenidos cuando traen dinero como turistas o inversionistas, pero no cuando nos piden protección o trabajar aquí temporal o permanentemente, para ganarse la vida y enviar dinero a la familia que queda atrás. Las personas con un alto nivel educativo, como médicos, ingenieros y personal de IT (Tecnologías de Información), también están excluidas, mientras que Curazao carece de suficiente experiencia y trabajadores calificados debido al envejecimiento de la población y la huida de sus propios curazoleños a los Países Bajos o a Bonaire”, resalta HRDC a través de un comunicado publicado este 27 de febrero.
En el texto, los defensores de DDHH agregan que “las personas que trabajan en la construcción, la restauración, el cuidado de ancianos y la agricultura también son encarceladas y deportadas sin piedad. Miles de ellos están condenados a esconderse durante años y a ocupar una posición inferior, mal pagada y explotada en el mercado laboral”.
“Cualquier caso de discriminación y explotación es, desde luego, reprobable, ejemplos conmovedores son con demasiada frecuencia los que atañen al triste destino de la mujer venezolana. Por lo tanto, no sorprende que Curazao todavía esté en la lista negra del gobierno de Estados Unidos y recientemente haya sido degradado por su manejo inadecuado de problemas inaceptables de tráfico y trata de personas”, señala HRDC.
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