Los jueces migratorios, que dependen del Departamento de Justicia (DOJ), dieron un respiro a 172,180 inmigrantes, al cerrar los casos en forma administrativa, lo que significa que esas personas no tendrán que enfrentar un proceso de deportación.
Por El Diario NY
Se trata de una nueva marca en el cierre de casos, según el seguimiento del Centro de Información y Acceso de Registros Transaccionales (TRAC) que opera en la Universidad de Syracuse.
Los datos más recientes indican que en lo que va del año fiscal 2023, el cual inició en octubre pasado, los jueces cerraron 85% más de casos que en un periodo similar en 2019.
Esta acción, que se convirtió en una prioridad de la Oficina de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), ya había logrado imponer un récord en 2022, cuando se cerraron 47% más casos que en 2019.
El abogado de inmigración, José Guerrero, explicó a Univision la importancia del cierre administrativo de casos.
“El cierre administrativo es cuando el juez de inmigración desestima en un juicio de inmigración los cargos que ha puesto la fiscalía para tratar de deportar al inmigrante. […] Cuando eso ocurre, ya no existe un proceso de deportación“, expuso.
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