Francia aumentará de 20 a 30 años las penas para los violadores en serie, dentro de un plan para luchar contra la violencia contra las mujeres y para favorecer la igualdad que estará dotado con un presupuesto de “varios cientos de millones de euros”.
El gabinete de la primera ministra, Elisabeth Borne, avanzó hoy los principales elementos de este plan para el periodo 2023-2027, que se formalizará mañana miércoles en el Consejo de Ministros, coincidiendo con el Día de la Mujer, y que implica a diferentes departamentos del Ejecutivo.
Otra de las grandes novedades es la creación, a imagen de lo que ya existe en España, de un fichero con informaciones sobre autores de violencia de género, pero también sobre sus víctimas para poderlos utilizar, en particular en caso de que haya que reaccionar rápidamente ante el riesgo de nuevas agresiones.
El fichero, que se está constituyendo y estará en servicio en noviembre, incluirá inicialmente a las personas que hayan sido condenadas, aunque el objetivo del Gobierno es ir ampliándolo durante el resto del mandato del presidente francés, Emmanuel Macron.
Fuentes del gabinete de la primera ministra se esforzaron en subrayar que esa ampliación debería ser más rápida que en España, donde dijo que se tardó ocho años.
Inspirados también en las estructuras que hay en España, el Gobierno de Macron va a crear dentro de los tribunales del país unidades especializadas en la violencia de género con magistrados que hayan sido formados y con competencias en cuestiones de derecho penal, pero también civil.
Igualmente se crearán en cada uno del centenar de departamentos que hay en Francia centros interdisciplinares para atender a las víctimas de violencia de género, vinculados en cada caso a un hospital, que pretenden ofrecer la misma calidad de servicio en todo el territorio y, entre otras cosas, favorecer la presentación de denuncias.
De acuerdo con los consejeros de Borne, en la actualidad sólo se formalizan denuncias para la cuarta parte de las agresiones.
Uno de los pilares del plan es sacar más partido del llamado “índice de la igualdad profesional”, que están obligadas a publicar cada año las empresas de más de 50 empleados, y que sintentiza varios indicadores (4 ó 5, según el tamaño de la empresa).
En función de la nota obtenida en esos indicadores, sobre la brecha de remuneración entre hombres y mujeres, las diferencias en el reparto de aumentos individuales o de promociones o sobre el nivel de paridad en los puestos que tienen las 10 remuneraciones más elevadas, se obtiene una puntuación de hasta 100 puntos.
Las empresas que no sean transparentes sobre esos indicadores o que presenten unas calificaciones deficientes no podrán concurrir a las licitaciones públicas desde 2027.
En el terreno de la salud, se reembolsarán protecciones higiénicas reutilizables para las reglas a las menores de 25 años y también para mujeres en precariedad social, e igualmente la Seguridad Social asumirá los costos de preservativos femeninos para las menores de 25 años.
Este plan se conoció el mismo día en que la Asamblea Nacional francesa (cámara de diputados) examinaba una proposición de ley de la jefa del grupo parlamentario del partido del presidente Emmanuel Macron para imponer penas de inhabilitación para los autores de delitos de violencia agravada.
Una proposición que se presentó al calor de la polémica por la vuelta a la Asamblea Nacional del diputado de La Francia Insumisa (LFI), condenado a una pena de cuatro meses de cárcel exentos de cumplimiento (sólo iría a la cárcel en caso de reincidencia) por haber pegado una bofetada a su mujer. EFE