En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Latinoamérica sin Presos Políticos devela tres murales artísticos en honor a nueve presas y ex-presas políticas de Cuba, Nicaragua y Venezuela. A pesar de que celebremos la reunificación familiar de 222 personas excarceladas en Nicaragua, en América Latina existen todavía más de 1.400 personas presas políticas, donde las autoridades utilizan cada vez más los sistemas legales y judiciales como armas para silenciar a las voces disidentes.
Es así, como Latinoamérica sin Presos Políticos lanza esta nueva iniciativa de manera simultánea en la ciudad de Bogotá, Colombia; San Jose, Costa Rica y la Ciudad de México para visibilizar la situación de las personas presas políticas y sus familiares, invitando al público a reflexionar, empatizar y abogar en su nombre a lo largo de toda la región.
Los murales han sido pintados por muralistas reconocidas de cada país y retratan la experiencia compartida y la solidaridad entre estas mujeres encarceladas injustamente. Latinoamérica sin Presos Políticos, demanda que ningún país de la región utilice el encarcelamiento como una forma de control y castigo a la libertad de expresión, organización y manifestación.
La experiencia de cada persona presa política es única, sin embargo, todas están unidas en su lucha por la verdad y la justicia. Juntas, honramos sus historias y hacemos un llamado al público, la prensa y las autoridades para exigir la liberación de las personas presas políticas en toda América Latina.
Lourdes Afiuni era juez titular de un tribunal del área penal desde el año 2006. El 10 de diciembre de 2009 acuerda sustituir la medida privativa de libertad que pesaba en contra de Eligio Cedeño, quien para la fecha había permanecido en prisión por 2 años y 10 meses, cuando la legislación venezolana establece un período de 2 años como tiempo máximo de detención. Pocas horas después de haber acordado la medida sustitutiva, funcionarios de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (SEBIN) la detienen junto a todo el personal del tribunal, siendo liberados todos menos dos alguaciles y la juez. Al día siguiente, el Presidente de la República, en cadena nacional de radio y televisión, califica a la juez de “bandida” y exige prisión de 30 años, la máxima pena que se impone en el país.
Dos días más tarde se acuerda proseguir el juicio en libertad de los alguaciles y se ratifica la detención de la juez, quien posteriormente es trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF). Padeció torturas, violencia sexual y amenazas de muerte. Sus órganos sexuales, vejiga y ano estaban destrozados y un seno estaba necrosado por las patadas por botas militares, sin que recibiera atención médica. En junio de 2013, se le otorga libertad condicional con prohibición de salida del país, de hablar con los medios de comunicación nacionales e internacionales y de utilizar sus redes sociales. Luego en marzo 2019 fue condenada a cinco años de prisión por el delito de corrupción espiritual, es decir, corrupción sin dinero, delito que no existe en la legislación venezolana.
El 25 de enero de 2023 fue notificada de su destitución como jueza e inhabilitándola para ejercer cualquier otro cargo en el Poder Judicial, dicho proceso nunca le fue notificado impidiéndole el ejercicio del derecho a la defensa.
Benítez fue detenida el 5 de agosto del 2018, por presuntamente estar involucrada en hechos conocidos como Caso del Dron (presunto Magnicidio contra Nicolas Maduro). Luego de haber salido a acompañar a su pareja Yolmer Escalona (también imputado) a hacer un traslado en su taxi fueron detenidos por la policía. Estuvo desaparecida y terriblemente torturada al punto de haber perdido a su bebé producto de las golpizas y actualmente tiene severas dificultades para caminar, no obstante, no se le permite atención médica. Su familia la reconoce solidaria, noble y tiene la convicción de que todo se puede hacer con fe.
Expósito fue detenida el 23 de septiembre de 2018. La acusaron de ocultar de la justicia a Henryberth Enmanuel Rivas Vivas, presunto implicado en el llamado intento de magnicidio contra Nicolás Maduro (Caso Dron), quien para ese entonces era ministro de Comunicación de la administración chavista, aseguró que la mujer lo escondía en su vivienda, ubicada en el estado Miranda. Ángela es la directora de una organización de protección de animales y la señalaron de supuestamente mantener bajo su cuidado a unas mascotas de perseguidos políticos, particularmente el caso del perro de Oscar Pérez (miembro de la Policia, quien se declaró abiertamente contra el Regimen de Maduro, asesinado en un enfrentamiento con cuerpos de seguridad del Estado el 15 de enero de 2018). Expósito fue condenada a 24 años de prisión, por delitos que la defensa señala que no cometió.
Nota de prensa