Venezuela, además de EEUU, es el país que tiene el historial de producción petrolera más antiguo del mundo. Mas de cien años, 4 generaciones humanas, que nos demuestran en cifras irrefutables que se hizo bien y que se hizo mal.
En este artículo viajaremos esos cien años utilizando dos indicadores que nos ilustrarán el impacto del petróleo en la nación de la forma que lo manejaron los sucesivos gobiernos: el primero es la cantidad de petróleo anual que produjo el país, el segundo es el PIB por habitante. Las cifras del primer indicador, dada su objetividad física, no requieren validar su comparabilidad entre sí, a través del tiempo. En el segundo caso, la temporalidad introduce distorsiones que hace a las cifras incomparables entre sí en el tiempo, por lo cual requerimos utilizar métodos estadísticos para despejar su valor comparativo. Es decir, solo neutralizando los efectos estacionales, irregulares y tendenciales que alteran su valor comparativo en el tiempo, podemos establecer su verdadera tendencia a través del tiempo.
En el caso específico del PIB por habitante histórico por país, expresado en dólares, la distorsión más significativa la introduce la paridad cambiaria, que muchos países han establecido en diferentes épocas. Esto hace necesario referenciar el valor histórico de los precios que componen la cesta básica local de cada país, contra su valor equivalente en dólares en cada año incluido en el análisis.
En consecuencia, la fórmula para implementar la neutralización del PIB por habitante de cualquier país, aceptada mundialmente, es expresar su Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) en términos porcentuales contra el valor del PPA estadounidense, cuya moneda cubre más del 60% de las transacciones negociadas diariamente en el mundo y no ha sido sometida a regímenes cambiarios arbitrarios por cientos de años.
En ese larguísimo periodo de tiempo, hemos identificado cinco hitos que cambiaron la relación estado-nación y que tuvieron grandes impactos en la generación de riqueza en Venezuela.
1. Las concesiones petroleras: (1943-1976)
Durante unos 23 años, los gobiernos nacionales se esforzaron por crear una institucionalidad petrolera (control y fiscalización) por parte del estado de las actividades de las empresas petroleras en Venezuela. Con la Ley de Hidrocarburos de 1943, se les dio un piso jurídico suficiente para que pudieran invertir y explotar el petróleo de la nación. La Ley de Hidrocarburos de 1943 contemplaba que en el caso de las concesiones de explotación, la Nación readquiriría, sin pagar indemnización alguna, las parcelas concedidas, y se haría propietaria, del mismo modo, de todas las obras permanentes construidas en las mismas.
Desde 1943 a 1957, el PIB/h de Venezuela pasó en 1943 de ser el equivalente al 30% del PIB/h de EEUU a ser en 1957 el 50% del PIB/h de EEUU. Ese ha sido el valor más alto alcanzado hasta la fecha. La producción ese año alcanzó los 1.014 millones de barriles de petróleo producidos (2,77 millones b/d)
A partir de 1958 la turbulencia política se adueñó del país, con el derrocamiento del régimen de Pérez Jiménez, el gobierno provisional de Wolfgang Larrazábal, la elección democrática de Rómulo Betancourt y las sucesivas intentonas golpistas y atentados durante su gobierno. La subversión de la guerrilla procastrista continuó en el país, y en el año 1967, durante el gobierno de Raúl Leoni ocurrió la llegada de un grupo de militares y guerrilleros cubanos en Machurucuto, con la intención de derrocar al presidente Leoni. En el primer gobierno de Rafael Caldera, que culminó en 1974 se logró la pacificación de la guerrilla
2. La estatización constitucional (1961…)
La Constitución de 1961 estableció un Capítulo dedicado a los “Derechos Económicos”. Se consagraba así, en el papel, la libertad económica en el país, que desde 1939 había tenido muchas restricciones mediante decretos leyes como por vía legislativa. Pero el mismo día de la aprobación de la Constitución (23 Ene 1961) se dictaba un decreto ley, el Decreto No. 455, restringiendo en todo el territorio nacional “las garantías constitucionales previstas en los artículos 92 y 96 en la medida en que lo determine el presidente de la República en Consejo de Ministros“. Quedaba así hasta el día de hoy alterada e intervenida la relación estado-nación en lo económico al capricho de decisiones ejecutivas.
La Constitución de 1961 preveía que las tierras con destino a la exploración y explotación de concesiones mineras y de hidrocarburos se transferían en plena propiedad a la Nación, sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa las concesiones. Esta norma de tanta importancia no fue consagrada en el Texto Constitucional vigente de 1999.
En 1960 Venezuela, junto con Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait crean la OPEP con el objeto de coordinar y unificar las políticas petroleras de sus miembros y asegurar una estabilidad en los precios del petróleo en los mercados internacionales. Se creó la estatal Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) y en 1970 el presidente Rafael Caldera estatiza la industrial del gas natural y le entrega el monopolio a la CVP.
En 1970 se alcanzó el pico (hasta hoy) de la producción petrolera nacional con 1.353 millones de barriles, equivalentes a 3,7 millones de barriles diarios, pero el PIB/h de Venezuela había caído al 36,2% del PIB/h de EEUU.
El modelo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la sustitución de importaciones era predominante en América Latina y en el país. La idea detrás de la estrategia de la sustitución de importaciones era que los países de América Latina podrían alcanzar el desarrollo económico mediante la creación de una industria manufacturera interna que produjera bienes que antes eran importados. En el caso venezolano y durante décadas siguientes, se protegió la industria nacional a través de aranceles y barreras comerciales y se utilizaron importantes ingresos fiscales en la creación de empresas estatales de producción industrial. A partir de esa estrategia, el país comenzó a tener problemas de competitividad, inflación y endeudamiento externo.
3. La euforia nacionalista (1971-1991)
En 1971 se promulgó la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de Hidrocarburos (Ley de Reversión) que establece que todos los bienes, equipos, accesorios e instalaciones de las empresas petroleras concesionarias pasarían a ser propiedad del Estado, una vez que finalizara el plazo concedido en cada concesión. Dicha reversión igualmente operaría libre de gravámenes y sin indemnización alguna.
Ley Orgánica de Reserva al Estado la Industria y el Comercio de Hidrocarburos de 1975 sancionó la estatización de la industria petrolera con efectividad a partir del 1 de enero de 1976, con la asunción de Petróleos de Venezuela, S.A. de todos los activos de las empresas concesionarias y el inmediato control de la industria, poniendo punto final al régimen de concesiones imperante en el país.
Comienza el desmontaje de la institucionalidad fiscalizadora del ejecutivo del gobierno nacional que tenía el Ministerio de Petróleo que hasta el día de hoy está desapa/ecida.
Entre el año 1976 con 837,4 millones de barriles de petróleo producidos y el año 1988, cuando se alcanzó un piso de 694,4 millones de barriles de petróleo producidos, el PIB/h de Venezuela también cayó sostenidamente, cerrando en 1988 en el 23,2% del PIB/h de EEUU.
La producción petrolera estatizada se recupera a partir del 1989, pero el PIB/h de Venezuela continuaría cayendo incesantemente hasta el año 2003.
4. Solos no podemos: La Apertura Petrolera (1992-2006)
Se inició en el año 1992 con el perfeccionamiento de la participación de empresa privada en la industria nacional de los hidrocarburos. En 1994 el Ejecutivo Nacional somete a la aprobación, ante el extinto Congreso Nacional, los “Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo de nuevas áreas y la producción de Hidrocarburos bajo el Esquema de Ganancias Compartidas”. En consecuencia, en el año 1995 el Congreso Nacional los autorizó a través de resolución publicada en Gaceta Oficial N° 35.754.
La apertura petrolera autorizada por el extinto Congreso Nacional, se basó en que las empresas privadas y la filial de PDVSA (CVP) podrían constituir a través de convenios de asociación, donde, la filial de PDVSA debía tener una participación accionaria del 35% y la empresa privada debía tener una participación de 65%. Así surgieron, los Convenios Operativos, Convenios de Ganancias Compartidas, y las Asociaciones Estratégicas en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Con la apertura petrolera regresaron al país las principales empresas petroleras del mundo, en un proceso internacional de licitaciones transparentes, que permitió la repotenciación de la industria petrolera nacional con inversiones y tecnologías de primera, que permitieron, por ejemplo, la construcción de cuatro mejoradores de crudos (Sincor, PetroZuata, Cerro Negro y Ameriven) que le dieron vida comercial al crudo extrapesado de la faja, hasta entonces limitado a ser un sustituto del carbón en la generación eléctrica con la Orimulsión.
La producción de crudos alcanzó un nuevo pico en el año 1997 con 1.284 millones de barrilles (3,52 millones de barriles diarios) pero insuficiente para mejorar el PIB/h de Venezuela que cayó al 19,4% respecto al PIB/h de EEUU.
En el año 2001 entró en vigencia la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. En el año 2003, Hugo Chávez despide unilateralmente de Pdvsa a 18.000 técnicos y profesionales, con un promedio de 19 años de servicio en la industria. Es el mayor genocidio laboral en empresa petrolera en la historia.
Lecciones aprendidas hasta el momento:
La estatización de la industria petrolera no trajo los beneficios al país que sus promotores decían que traería. Se conformó un modelo de desarrollo dependiente de los precios mundiales del crudo. Un modelo débil, deficiente, donde la producción de crudos perdió incidencia en la mejoría de la riqueza nacional.
5. La estocada final (2006-2023)
Madiante un referendo popular, entró en vigencia el 15 de diciemnbre de 1999, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ella se aumentaron de 3 a 5 los poderes públicos, se creó una Asamblea Nacional unicameral, se eliminó la Corte Suprema de Justicia (vigente desde 1811) y se sustituyó por el Tribunal Supremo de Justicia.
Continuaba así la alteración de la relación histórica nación-estado y la demolición de la estructura republicana del país. El 15 de febrero de 2009 se realizó el referéndum y se aprobó la primera enmienda de los artículos 160, 162, 174, 192 y 230 de la CNRBV, con el único fin de permitir la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida (presidencial, gobernador, alcalde, concejal, diputado, rector)
En el año 20o6 mediante el Decreto Ley de Migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco en 2007 Hugo Chávez dio por terminada la Apertura Petrolera.
Las empresas mixtas resultantes son de propiedad estatal y sus empleados son funcionarios públicos. Estaciones de servicio, transporte de combustibles, empresas de gas fueron estatizadas.
En 2008 el país padecería una orgía estatizadora y confiscadora mediante decretos-leyes del Ejecutivo, en los sectores mineros, agroalimentarios, electricidad, telefonía, cementero, inmobiliario, de servicios, entre otros.
Se completaría entonces el largo transitar del petróleo en el país y su tratamiento institucional. De las concesiones a empresas privadas al monopolio estatal de la actividad.
En el año 2006 el país produjo 1.002 millones de barriles de petróleo (un promedio de 2,74 millones b/d) y el PIB/h del país cerró en el 23,5% del PIB/h de EEUU, eso en medio de un superciclo mundial de precios petroleros.
Ya en el año 2020 el estatismo había hecho efecto en la economía nacional y en especial en la industria petrolera. En 2020 el país produjo 202,8 millones de barriles de crudo, para un promedio diario de 553 mil b/d, y el PIB/h del país tocó un piso histórico, alcanzando apenas el 2,8% del PIB/h de EEUU.
Una única conclusión
Las concesiones petroleras a empresas privadas ha sido las figuras más eficiente en la conttibución positiva del PIB por habitante en la historia de Venezuela. El monopolio estatal Pdvsa debe ser concesionado y privatizado.
Unas consideraciones finales:
Con la ley de 1976 el país comenzó a alterar las relaciones nación-estado que llegó al paroxismo en los momentos actuales. Desde entonces el país degradó o desmanteló las instituciones nacionales para la fiscalización y el control de las actividades que estatizó.
La historia nos enseña y debemos dejar la soberbia a un lado y aprender de los errores cometidos.
La institucionalidad de un país se refiere al conjunto de instituciones y normas que rigen la vida política, económica, social y jurídica de ese país. Esto incluye tanto las instituciones formales, como los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, así como las leyes, la Constitución y los sistemas de administración pública, como también las instituciones informales, como las normas sociales, las prácticas culturales y las tradiciones políticas.
La institucionalidad de un país se considera fundamental para el buen funcionamiento de una sociedad democrática y justa, ya que establece las reglas del juego para la interacción entre las personas y las organizaciones dentro de la sociedad. Además, una institucionalidad sólida y estable brinda confianza y seguridad a los ciudadanos y a los inversores, lo que puede ayudar a estimular el crecimiento económico y el desarrollo social.
Venezuela es hoy un país desinstitucionalizado. Ahí está el reto futuro.
La concesión es una figura del derecho público, mediante la cual se otorga, temporal y condicionadamente, a los particulares el derecho a realizar determinadas actividades, de manera adecuada para beneficio de la colectividad; lo que trae como lógica consecuencia que el ente público retenga la facultad de vigilar y fiscalizar la realización de las actividades concedidas.
En el campo del petróleo y gas, las concesiones a empresas privadas y una adecuada fiscalización estatal son las claves para aprovechar la ventana de oportunidades que les quedan en el futuro.
El carbono cero neto ya es una decisión política mundial con 134 países (inluyendo el G20) comprometidos en esas metas y más de las 5.000 empresas más grandes del planeta. La meta es reducir la participación de las energías fósiles (carbón, petróleo y gas) del 82,2% de uso como energías primarias en el mundo en 2021 al 57,6% en 2050.
Fiscalizar es esencialmente talento humano
Para ello la nación debe contar con el personal con la pericia profesional que demanda la fiscalización de la actividad de petróleo y gas en los tres niveles de la industria: aguas arriba, intermedias y abajo.
Aguas arriba pericias en geología, sismología, petrofísica, perforación y completación, ingeniería de yacimientos, tecnologías de operaciones de producción, ingeniería de pozos. En las aguas intermedias conocimientos de recolección y separación de hidrocarburos, manejo y limpuesza de crudos, procesamiento de gas natural, extracción de LGN, oleoductos y gasoductos, y almacenaje. Aguas abajo refinación y mejoramiento de crudos, petroquímica, GNL, GTL, GTP, puertos, transporte, mercado internacional de crudo y gas y comercialización de hidrocarburos.
¿En cabeza de cuál institución se pone esa responsabilidad? Quizás hoy no exista y habrá que crearla desde cero. La nación demanda que unos 8 mil de los mejores profesionales del área estén ahí, para poder tener contratos competitivos y justos que nos permitan aprovechar la decreciente ventana de oportunidades para los hidrocarburos.
David Morán es ingeniero industrial y planificador estratégico. Miembro de la Comisión de Energía de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela