El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 63 ataques e incidentes de seguridad durante febrero de 2023 en Venezuela.
El informe de la organización aseguró que persistió la Política de Criminalización, represión y control social a la defensa, exigencia y promoción de derechos humanos con avances normativos restrictivos del Espacio Cívico y Democrático.
El régimen de Nicolás Maduro “adelanta la implementación de acciones y medidas que obstaculizan los derechos a la libre asociación, reunión y defensa de derechos. La tesis del Enemigo Interno se ve reforzada por campañas sistemáticas de estigmatización donde las organizaciones y personas defensoras son señaladas de “agentes desestabilizadores”, “injerencistas”, entre otros”, reportó CDJ mediante un comunicado de prensa.
“El contexto para la defensa, exigencia y promoción de derechos en Venezuela se torna más restrictivo y desfavorable, siendo una labor de riesgo para quienes se encuentran en primera línea de acción respondiendo a la crisis socio-económica, política y de derechos humanos“, añadió la ONG.
Los ataques e incidentes de seguridad documentados durante el mes de febrero demuestran el recrudecimiento de los patrones de agresión que configuran la Política de Criminalización.
Los 63 ataques e incidentes de seguridad documentados en este lapso pueden verse reflejados principalmente en los siguientes patrones de agresión.
El chavismo profundiza la violencia institucional como forma de obstaculizar el ejercicio legítimo del derecho a defender derechos humanos.
CRIMINALIZACIÓN DE LA LAS ACCIONES DE DEFENSA, EXIGENCIA Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS
Las condiciones de trabajo para quienes defienden y exigen derechos en Venezuela son cada vez más hostiles y desfavorables.
La lógica del Enemigo Interno es la base para la criminalización de la las acciones de defensa, exigencia y promoción de derechos humanos. Esto deriva en que el entorno para personas y organizaciones defensoras, se hostil, adverso y riesgoso, producto de las continuas restricciones.
La criminalización de la cooperación internacional sigue siendo una de las principales causas que generan ataques por parte del Estado, el cual adelanta distintos esfuerzos para limitarla y restringirla de forma discrecional y desapegado a los estándares internacionales. A pesar de conocer que la posibilidad de interactuar e incidir en los organismos parte del Sistema Internacional de Protección de los derechos humanos y el poder solicitar, recibir y utilizar recursos con el fin de proteger los derechos humanos, incluida la recepción de fondos del exterior es un derecho reconocido en la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y otros instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela.
Preocupa al CDJ que en el mes de febrero inició el proceso de consultas públicas sobre la ley en contra de las ONG, a pesar de no haber sido aún publicado de forma oficial un texto sobre el instrumento. En este marco las amenazas en torno a la aprobación y consecuencias de la propuesta normativa continuaron por parte de funcionarios del Estado.
Por otra parte, la Comisión permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, retomó la discusión sobre la Ley de Cooperación Internacional, la cual advertíamos desde el año 2022 , pone en riesgo la operatividad legal de las organizaciones de derechos humanos y sociedad civil en Venezuela, quienes nuevamente quedan expuestas ante los intentos de criminalizar su trabajo en el marco del ejercicio de la cooperación.
El avance de ambas normas evidencia la intención del Estado de controlar el funcionamiento de las organizaciones en su totalidad, criminalizando las actividades de las mismas, principalmente aquellas relacionadas a la cooperación internacional. Considerando que los referidos proyectos se componen por disposiciones que restringen, limitan y criminalizan la defensa de los derechos humanos y la asistencia humanitaria de manera independiente. Leyes de esta naturaleza, arbitrarias y discrecionales ponen es mayor riesgo a las personas y organizaciones de derechos humanos y a la sociedad civil en general en Venezuela.
En la medida en la que el Estado continúe adoptando medidas tendientes al cierre del espacio cívico, seguirá aumentado la persecución y la criminalización, el contexto para defender derechos se volverá cada vez más hostil y adverso, lo que llevará a las personas y organizaciones defensoras a enfrentar mayores riesgos por el ejercicio de su labor.
Ante las distintas vulneraciones circunstanciales, estructurales o de condiciones específicas identificadas, que afectan el trabajo de las personas y organizaciones defensoras en Venezuela, es indispensable y urgente una respuesta oportuna para la protección efectiva de quienes defienden derechos humanos en el país.
Con información de Comunicado de Prensa