Este lunes nuevamente autoridades del municipio Junín solicitaron en la sede del Ministerio Público del estado Táchira, una respuesta a la investigación de la venta irregular del matadero municipal de Rubio, denuncia que fue presentada en abril de 2022.
Por Luz Dary Depablos / Corresponsalía LaPatilla.com
Ante la falta de respuesta por parte de la Fiscalía 23 del Ministerio Público y Fiscalía Superior a la denuncia presentada hace casi un año, Gregory Lozada, Síndico Procurador y otros funcionarios de la alcaldía y del Concejo Municipal de Junín, reiteraron que “la administración anterior de este municipio vendió el matadero municipal. Cuando nos enteramos como administración que había sucedido este acontecimiento, nos abocamos con todo el equipo jurídico a hacer una revisión de los expedientes y nos percatamos de que no solo se había vendido el matadero del municipio Junín, sino además habían registrado bienhechurías de este espacio para hacerlas como suyas”.
Lozada explicó que un procedimiento de esta naturaleza requiere cumplir con las normativas establecidas en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y en la ordenanza del municipio”.
Indicó que para una enajenación de este tipo, se requiere autorización de la Controlaría Municipal, del Síndico Procurador, del Consejo Local de Planificación Pública, o que sea aprobado por las tres cuartas partes de la Cámara del Concejo Municipal, por lo que afirmó que en la venta no se cumplió con ningún requerimiento.
“Aquí tenemos un contrato de venta que establece que el precio por esta enajenación fue de 0,007 petros. En este país, eso representa una chupeta. Por eso fue enajenado”, señaló en el Síndico de Junín.
Enfatizó que demandan la resolución del contrato al procedimiento administrativo, que busca que la nulidad de la venta. Aclaró que ellos (nueva administración del municipio) realizaron “el procedimiento y la resolución que se dicta de forma expresa”, por lo que ya se envió una nota a los registros de los municipios Rafael Urdaneta y Junín, y hasta la fecha no han tenido respuesta, por lo que también exhortan al Sistema Automatizado para el Registro de Trámites para que proceda a la respectiva solicitud.
Pidió a las autoridades no solo “a recuperar el matadero o el terreno del matadero municipal para la alcaldía del municipio Junín, sino a recuperarlo para el pueblo, porque es un patrimonio público, es un bien que le pertenece a los rubienses”.
Manifestó que una empresa privada, la cual tenía “un contrato de concepción celebrado en 1996 con la municipalidad”, habría sido la que compró el matadero, a través de un procedimiento de enajenación, “contrato en el que firmaron los representantes legales Roger Camargo y Roberto Medina”, acotó.
