El abogado y profesor universitario Francisco Abad denunció que en la Inspectoría del Trabajo “Alberto Lovera” de Barcelona, capital del estado Anzoátegui, existe una mafia que busca favorecer los intereses de los empleadores públicos y privados, en vez de proteger a la clase trabajadora.
Por Corresponsalía
Abad comentó que vivió en carne propia las injusticias del ente, pues recientemente fue despedido de manera injusta de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho (UGMA), y cuando fue a realizar el procedimiento para el reenganche, no le tomaron en cuenta las pruebas.
El también consultor jurídico del Movimiento de los Trabajadores de la Salud en Anzoátegui (Motrasalud), precisó que lo cesantearon de la mencionada casa de estudios a escasos días de cumplir 10 años ejerciendo la docencia. Por tal razón, considera que se violaron varios derechos, entre otros, el de la estabilidad laboral, pero el organismo encargado de protegerlo no hace su tarea.
“Siete días después del despido fui ante la Inspectoría del Trabajo a realizar el procedimiento de reenganche. Posteriormente, en la evacuación de las pruebas, no valoraron las pruebas, tal como manda la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Órgano Procesal del Trabajo y la Constitución (Nacional)”.
El jurista solicitó a la Fiscalía General de la República que abra un proceso de investigación exhaustivo en la inspectoría de Barcelona para que se vea por qué se le está dando la espalda a los trabajadores y se da la razón a los patronos.
“Tenemos derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la estabilidad, entre otros, y no hay quién vele por que se nos respeten”, finalizó.