Pablo Porras, de 28 años, recuerda la reacción de rechazo de su marido, Marc, cuando le propuso que se convirtieran en padres recurriendo a un vientre de alquiler. Llegó a casa y desplegó sobre la mesa unos catálogos de opciones y destinos. “Los miró y me dijo que eso no iba a suceder”, recuerda. Pero con los años, cambió de idea, así que tras descartar la adopción, ese fue exactamente el camino que tomaron, una alternativa prohibida en España: “Para mí era muy importante que tuviera mi carga genética”, explica Porras. En 2021, con el mundo todavía medio paralizado por las restricciones de la covid, la pareja voló a Ciudad de México para conocer a Norma Nathaly Hernández, la mujer de 34 años con la que firmaron un contrato para que ella se sometiera a un tratamiento hormonal, se quedara embarazada y diera a luz. El parto fue hace cinco meses. Ella recibió unos 15.000 euros y ellos tienen a su bebé en casa, en Barcelona.
Por El País
Si todo esto ocurrió entre personas que no se conocían de antes y residentes a ambos lados del océano es porque existe toda una red de abogados, agencias, asesores y clínicas que opera en varios países y se dedica a conectar el deseo de ser padres de cientos de parejas o de personas solas con las circunstancias, a menudo de necesidad, de otras tantas mujeres que viven allá donde se permiten los vientres de alquiler. La industria creada en torno a estos dos polos trabaja en una geografía cambiante, atravesando legislaciones y burocracias dispares. Sortea prohibiciones y escándalos y se adapta a todo tipo de dificultades, como la crisis sanitaria mundial que generó la covid, e incluso a una guerra, como sucede en Ucrania, que fue uno de los principales destinos para esta práctica antes de la invasión y donde ahora, con mucha menos actividad —conserva el 30% de los clientes, según New Hope, una de las empresas de referencia del sector—, continúa el negocio.
Cuando la portada de ¡Hola! de esta semana retrató a Ana Obregón, de 68 años, con un bebé en brazos saliendo de un hospital de Miami, el debate ético y político resucitó en España, donde se da la paradoja de que el Estado acaba reconociendo a los niños que nacen mediante esa práctica en el extranjero pese a rechazarla de plano. Una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 considera que la actividad “entraña un daño al interés superior del menor y una explotación de la mujer que son inaceptables”. El contrato que firmó Hernández en México con la pareja de barceloneses no vale nada en España, pero ese interés superior del menor es el que prevalece una vez que los niños llegan al país.
Hasta hace poco, México era un destino minoritario para los españoles que hacen un contrato de vientre de alquiler en el extranjero. Pero ahora ya hay varias agencias españolas —que ya no pueden hacer publicidad después de la reforma de la ley del aborto, aunque cobran por asesorar a los futuros padres— que trabajan con empresas del país norteamericano, que ofrece unas tarifas mucho más baratas que las de Estados Unidos, la referencia en todo el mundo para vientres de alquiler. Es el que escogió Ana Obregón, y hacerlo allí es la opción más parecida a una garantía de no quedar atrapado con el bebé en un embrollo legal para lograr su documentación. En Estados Unidos, un juez establece la filiación del menor a través de una sentencia, y los españoles pueden registrar al recién nacido en el consulado. Es, también, el lugar más caro: el mínimo son unos 130.000 euros. En México, en cambio, pueden ser unos 70.000. Ambos países ofrecen la posibilidad a todo tipo de parejas y orientaciones sexuales. “La mayoría de casos por gestación subrogada que tenemos registrados en México son de parejas homosexuales procedentes de Estados Unidos, España e Israel”, cuenta Isabel Fulda, vicedirectora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).
En Estados Unidos, las alrededor de 200 agencias de vientres de alquiler lo hacen bajo el paraguas de la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM, en sus siglas en inglés), que establece unas líneas maestras, pero las normas sobre el perfil de las mujeres que se quedarán embarazadas, cuánto costará, el presupuesto o la edad de los futuros padres son fijadas por cada una de ellas. Una de las más importantes, Growing Generations, con sede en el Estado de Virginia Occidental, dice recibir al año entre 15.000 y 20.000 solicitudes de mujeres dispuestas a gestar para terceros, de las que selecciona alrededor de un centenar. “Menos de un 2% de las candidatas resultan elegidas”, explica Jessica Junyent, vicepresidenta de Desarrollo Internacional de la agencia. “Desde 1996, cuando se creó, hemos traído al mundo a 2.126 bebés. Trabajamos con más de 60 países, aunque la mayoría de los padres son de Asia y Europa. De España llegan entre 15 y 20 al año”.
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