La conmemoración del Día Mundial de la Salud coincide, este año, con el 75° aniversario de la Organización Mundial de la Salud (OMS), instancia que promueve como lema “Mejoras en la Salud Pública. Salud para todos”. Pero esta aspiración de revisar los éxitos de más de siete décadas y motivar a las naciones a la acción, para abordar los desafíos del sector de cara al futuro, no encuentra eco en un país como Venezuela, cuyo sistema hospitalario presenta fallas estructurales, además de un evidente déficit de insumos, equipos y personal especializado. Ante esta realidad, el acceso a una atención médica gratuita y de calidad ha dejado de ser un derecho humano que beneficie a todos, para convertirse en un privilegio de pocos y pudientes.
En medio de un escándalo de corrupción sin precedentes, se evidencia que con el colosal desfalco de fondos públicos se ha dejado de atender áreas sensibles para garantizar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía, entre ellas la salud. Así, lejos de mejorar, la crisis del sector salud amenaza con profundizarse por falta de inversión y ausencia de políticas efectivas para hacer frente a la crisis.
En declaraciones recientes, la directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Mercedes De Freitas, señalaba que el monto del desfalco por la trama de la corrupción en Pdvsa, que algunos ubican en USD 3.000 millones, equivale a un tercio del presupuesto de la nación. A pesar de la opacidad y las restricciones al acceso a la información pública, la organización obtuvo a través de una fuente el proyecto de Presupuesto 2023. En un primer análisis del documento, determinó que de los USD 9.765.665.449 que aprobó la Asamblea Nacional, se asignaron al Ministerio de Salud casi 727 millones de dólares, monto que equivale a, apenas, 7,44% del total.
Además de lucir insuficiente para paliar la crisis en un sector con tantas carencias, esta cifra se reduce aún más si se toma en cuenta que USD 315 millones, es decir, 43,4% del total de la asignación, se destinará a la ejecución de tan sólo 7 proyectos. Se espera que éstos no corran la misma suerte de las 246 obras inconclusas documentadas por Transparencia Venezuela, de las cuales 22 son del sector salud.
Privatización indirecta
Para el grueso de los venezolanos, el dicho “salió peor el remedio que la enfermedad” es una verdad demoledora. Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció en días pasados que en el sistema de salud pública se ha producido una privatización indirecta por falta de atención del Estado. De acuerdo con los datos que maneja la organización, cerca de 90 % de la población venezolana que acude a los centros de salud públicos, no puede pagar una clínica o no tiene un HCM o póliza privada de salud.
Además del deterioro de la infraestructura hospitalaria, Lorenzo explicó que cualquier persona que acuda a estos centros tiene que hacerse los estudios fuera de la institución, comprar materiales y adquirir los medicamentos para recibir tratamiento. La situación para el paciente se complica aún más cuando se trata de una emergencia grave o una cirugía, pues en buena parte de los centros asistenciales no funcionan los servicios de laboratorios o rayos X, y son sus familiares quienes deben cubrir los gastos de los estudios externos y la compra de medicinas e implementos que van desde guantes y jeringas hasta costosas piezas ortopédicas para remediar lesiones óseas.
Además, el déficit de insumos de quirófano indispensables para cirugías, incluyendo analgésicos y anestésicos, se ubica actualmente en 70%, según la reciente Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) que catalogó de crítica la situación que atraviesan los centros de salud.
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