La Fiscalía General de Ecuador solicitó este miércoles el ingreso en prisión provisional del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) después de que incumpliera el régimen de comparecencia periódica ante el juzgado que lleva el caso Sinohydro, en el que está acusado de recibir presuntos sobornos para la construcción de la mayor central hidroeléctrica del país.
Moreno, que ejerce en Asunción como comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para Asuntos de Discapacidad, debía haberse presentado en Quito desde el 20 de marzo pasado ante la Corte Nacional de Justicia, conforme al régimen de comparecencias quincenales impuesto por el juez Adrián Rojas.
Inicialmente la Fiscalía había solicitado la prisión provisional para todos los acusados en este caso, con excepción de Moreno y otras 12 personas mayores de 65 años, a las que la Constitución exonera de esa medida, pero el incumplimiento de la comparecencia periódica ha llevado al Ministerio Público a solicitar, ahora sí, su encarcelación preventiva.
Además de Moreno, la prisión provisional solicitada por la Fiscalía también recae sobre otras ocho personas acusadas por el mismo caso, incluidas la exprimera dama y esposa del expresidente, Rocío González, y una hija de ambos, Irina Moreno.
MORENO ALEGÓ PROBLEMAS MÉDICOS
Desde un primer momento el exmandatario, que se desplaza en silla de rudas, había rechazado la obligación marcada por el juez que le obligaba a viajar cada dos semanas a Ecuador e intentó revocarla a través de varios recursos que no surtieron efecto.
El principal argumento esgrimido por Moreno era su delicada condición física, por lo que realizar viajes con frecuencia aparentemente le podría acarrear el riesgo de sufrir problemas de salud.
La audiencia de revisión de medidas solicitada por la Fiscalía fue suspendida y volverá a ser convocada nuevamente para que el juez Mauricio Espinosa informe sobre su decisión.
En total son 37 los acusados de cohecho en este caso donde la Fiscalía estima que la empresa estatal china Sinohydro pagó en torno a 76 millones de dólares en supuestos sobornos para la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la de mayor potencia del país, con 1.500 megavatios.
Los hechos ocurrieron supuestamente cuando Moreno ejercía de vicepresidente durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017).
RECHAZA ACUSACIÓN
El caso estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucró a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y una lujosa propiedad en Alicante (España), en una aparente triangulación de una empresa opaca.
En ese informe periodístico se revelaron una serie de nexos y supuestas irregularidades que vinculaban a Moreno con la empresa “offshore” INA Investment, que llevaron a una investigación inicial de la Fiscalía.
El exgobernante ha negado tajantemente esa denuncia y ha sugerido que esta obedece a una estrategia política de Correa, su principal detractor, quien reside en Bélgica y que ha sido condenado en 2020 por la Justicia ecuatoriana por cohecho en otro caso de corrupción.
También ha negado tener algo que ver con la vivienda en Alicante así como con los mecanismos con los que se financió la construcción de la central hidroeléctrica.
EFE