La Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Perú abrió una investigación preliminar contra la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, por haber recibido una condecoración del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien está siendo procesado por presunto lavado de activos.
Según una resolución difundida este martes por el diario El Comercio, la JNJ abrió dicha investigación luego de que dos ciudadanos le atribuyeran a Benavides “presuntas irregularidades” por haber recibido, el pasado 8 de marzo, en motivo del Día Internacional de la Mujer, la Medalla de Lima por su lucha contra la corrupción en el país.
Esta situación, según los denunciantes, “estaría prohibida por la normativa disciplinaria de los fiscales” porque el alcalde de la capital, quien le entregó la condecoración, se encuentra incurso en una investigación fiscal por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
López Aliaga, líder del partido ultraconservador Renovación Popular y empresario turístico, está siendo investigado por hechos vinculados al caso de los Papeles de Panamá.
El Ministerio Público formalizó en julio del año pasado la investigación contra el actual alcalde, un socio suyo y tres de sus compañías offshore.
En la resolución, la JNJ señala que existen “elementos suficientes sobre la presunta comisión de una falta disciplinaria” de Benavides y, por ello, dispone abrir una investigación preliminar en su contra para determinar si procede o no la apertura de un procedimiento disciplinario.
En marzo pasado, la JNJ abrió otra investigación a Benavides por presuntas irregularidades en los cambios de un equipo que investiga una red de corrupción en la Judicatura conocida como “Los cuellos blancos del Puerto”.
“Abrir una investigación a todas luces ilegal solo puede ser un acto de amedrentamiento y obstrucción a mi función fiscal”, declaró sobre este caso Benavides, quien también tachó de “ilegal y arbitraria” la decisión de la JNJ.
La fiscal general, quien lidera los casos abiertos contra el expresidente Pedro Castillo y los altos funcionarios del actual Gobierno de Dina Boluarte, ha sido también acusada de usar su cargo para beneficiar a su hermana, Emma Benavides.
A inicios de febrero pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado peruano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Benavides y su familia al considerar que se encuentran en una “situación de gravedad y urgencia”.
EFE