En contra de los principios de toda la filosofía socialista promovida por el chavismo, Nicolás Maduro anunció un ajuste de la remuneración mensual mínima sin modificar el salario de 130 bolívares vigente desde marzo de 2022, incrementando ligeramente el ingreso de los trabajadores de la administración pública a través de la bonificación, pero magullando sus derechos laborales como consecuencia.
Por Brian Contreras / talcualdigital.com
El anuncio de Maduro, hecho ante una marcha de trabajadores militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) durante el Día Internacional del Trabajador, consistió en incrementar el bono de alimentación de Bs 45 —equivalente $1,81 según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV)— a un monto que represente $40 al momento de hacer el pago, que actualmente se traduciría en Bs 990.
Adicionalmente, el mandatario ordenó reducir el monto que se pagaba discrecionalmente a trabajadores de la administración pública registrados en el Sistema Patria por concepto de Bono de Guerra Económica, de un equivalente en bolívares a $45 a una suma de tan solo $30.
La suma de los bonos, ahora indexados al dólar, aunadas al salario de Bs 130 ($5,25) dan un total de $75. En términos de ingreso, sí se produjo un ligero incremento en torno al 44%, al pasar de $52 que cobraron los trabajadores de la administración pública en abril con el pago del Bono de Guerra Económica, el cestaticket y el salario mínimo, a los $75 que deberían pagarse para el cierre de mayo.
Sin embargo, este aumento en bonos —más no en salario— se traduce en la destrucción de los beneficios laborales conquistados por los trabajadores tras décadas de lucha obrera, contemplados en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT).
El problema central de este ajuste y cambio en la estructura de la es la evasión de los pasivos laborales, pues toda prestación social establecida en una relación laboral entre trabajador y patrono se ve vulnerada al depender de un salario mínimo que quedó anclado en Bs 130, mientras que la mayor parte del ingreso se concentra en unos $70 otorgados mediante bonos sin carácter salarial.
Así lo subrayó Gricelda Sánchez, presidenta de la asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (Fordisi), al denunciar que no existió incremento salarial alguno, aunque la administración de Maduro intentara inculcar esa idea.
Con esta práctica, el Ejecutivo emplea un mecanismo para evadir normas que el mismo Gobierno implementó en leyes decretadas bajo la administración chavista, como la LOTTT, cuyo artículo 104 define salario como «la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio».
El cestaticket se paga de forma regular y permanente por la prestación del servicio de los trabajadores, sin embargo, la Ley del Cestaticket Socialista para los Trabajadores y las Trabajadoras aclara que este bono «no será considerado como salario». La LOTTT incluye el bono de alimentación dentro de la lista de beneficios sociales de carácter no remunerativo, pero las características de este pago han variado con el paso del tiempo.
Originalmente, el cestaticket se otorga como un bono de alimentación a los trabajadores para suplir la necesidad alimenticia, e incluso es posible cumplir con esta exigencia mediante comedores, cupones, tarjetas electrónicas de alimentación o dinero. Con este ajuste, no es una prima que se asigne para cubrir gastos alimenticios, sino la remuneración principal del trabajador.
Esta redistribución de salario frente a cestaticket incumpliría también con las leyes sancionadas durante el gobierno de Maduro, de no ser por decretos y modificaciones que han tenido que aplicarse en los últimos años, sobre la marcha, para adaptar las leyes a la nueva política salarial que implementan a conveniencia.
El director del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), León Arismendi, explicó que originalmente las leyes establecían un tope de proporcionalidad en materia de bonos, según el cual el cestaticket no podía exceder el 40% del ingreso total del trabajador; pero esta regla fue derogada con decretos aprobados cada vez que el chavismo decidía aplicar nuevas normas. En este sentido, el último decreto publicado por el chavismo establece un monto fijo de Bs 45 por concepto de cestaticket que ahora debe ser modificado.
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