Familiares de Richard Bustamante, uno de los migrantes venezolanos que murieron arrollados el domingo frente a un albergue migratorio en la ciudad de Brownsville en Texas, piden ayuda para repatriar su cuerpo.
Por Adriana Núñez Rabascall / Carolina Alcalde / vozdeamerica.com
Gloria Pérez, madre de Richard Bustamante, un oficial de policía de 27 años que dejó su carrera en busca de oportunidades fuera de Venezuela, espera que los restos de los migrantes venezolanos involucrados en la tragedia sean repatriados.
“Uno no se imaginaba esto, que me le cortaran la vida así de rápido. Yo quiero que me lo traigan para sepultarlo como se debe y a los muchachos también, los familiares están muy consternados, todo lo que les pasó a ellos, jóvenes”, dijo Pérez a la Voz de América entre sollozos.
La familia, que no cuenta con recursos para viajar a EEUU, sostiene que, hasta el momento, ni autoridades venezolanas ni estadounidenses se han comunicado con ellos, pero afirman que se están llevando a cabo gestiones para evaluar si el gobierno del presidente Nicolás Maduro “lo puede traer”.
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Nelson Bustamante, padre de Bustamante, no descarta que George Álvarez, el conductor que embistió al grupo de migrantes con su todoterreno, haya estado bajo el efecto de sustancias estupefacientes.
“En los videos yo lo veo como un atentado terrorista. Si la comunidad internacional que se ha pronunciado ante esos vídeos, la mayoría de los comentarios que se han hecho virales apuntan a que es terrorismo. Hubo terror en aquel momento”, manifestó desde su vivienda en la ciudad de Guanare, estado Portuguesa a unos 430 kilómetros al suroeste de Caracas.
Bustamante asegura que la meta de su hijo era “tener una vida más cómoda” y ayudar a sus hijos, su pareja y al resto de su familia.
“Como cualquier latino que migra a EEUU es una visión de ver otros frutos porque aquí en este país no vemos una salida”, afirma.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela expresó su “pesar” por los hechos registrados en Texas y exhortó a las autoridades estadounidenses a “investigar en profundidad los hechos”.
“Y esclarecer sus causas, con el fin de descartar cualquier intencionalidad relacionada a las prácticas de odio y xenofobia contra el pueblo venezolano que se han expresado en el pasado, producto de una cultura de violencia e intolerancia promovida por sectores extremistas de la política y la sociedad estadounidense”, resaltó en un comunicado divulgado el domingo.
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Responsabilidad del Estado
Defensores de DDHH coinciden en responsabilizar al Estado venezolano por la situación que enfrentan los migrantes que forzosamente han salido del país.
Para Rafael Uzcátegui, coordinador del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), los venezolanos en situación de migración forzada son “huérfanos”, debido a que no existe una política pública de acompañamiento y protección.
“Las autoridades no reconocen la situación porque sería reconocer que existe un modelo económico, social y político que no está dando respuesta a las necesidades de los venezolanos”, manifiestó al ser consultado por la Voz de América.
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Uzcátegui estima que, ante los “negocios turbios” alrededor de la movilidad humana, los venezolanos continuarán siendo víctimas de violaciones a los DDHH y, en ese sentido, insiste en la necesidad de que persista la presión sobre la comunidad internacional para que se abran mecanismos de protección para los venezolanos.
“Seguimos reivindicando la Convención de Cartagena que dice que las personas que salen en una condición como la de los venezolanos tienen que ser considerados como personas a las que se les debe dar refugio y asilo en los países de acogida. Vamos a tener que seguir denunciando la actitud vergonzosa de las autoridades venezolanas frente a esta grave situación”, expuso.
Lissette González, coordinadora de investigación de Provea recordó que el gobierno venezolano guardó silencio durante varios días tras el incendio en un centro de detención migratorio en Ciudad Juárez, en el que murieron 39 personas, entre ellas 7 de nacionalidad venezolana y cuestiona que la defensa de los derechos de los migrantes ocurra en función del país en el que se encuentren.
“Creemos que los derechos son universales y deben ser exigidos en todas las circunstancias”, dijo consultada por VOA.
Diversos sectores de la sociedad venezolana se han pronunciado en solidaridad con las familias de las víctimas, entre ellos la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV).
La CEV exhortó a los gobiernos y organismos internacionales a “proteger” con urgencia a los migrantes e implementar “de forma inmediata” políticas integrales que respondan a la crisis de movilidad que vive la región.
“La Conferencia Episcopal Venezolana reitera su compromiso para que los derechos de los migrantes sean respetados y prevalezca el respeto a la dignidad de cada persona”, manifestó en un comunicado.
Según la Plataforma Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualmente existen 7.239.953 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo.
El gobierno de Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado en varias ocasiones la “politización” de los organismos internacionales de migración.