El opositor Congreso de Ecuador resolvió este martes someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por presunta corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.
Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde a la moción contra el gobernante de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.
Veintitrés diputados se opusieron y cinco abstuvieron de sufragar sobre el juicio que aún no tiene fecha de inicio.
Al cierre de la sesión, que duró más de cinco horas, hubo aplausos y gritos de “fuera Lasso” en el pleno del unicameral Parlamento (con 137 curules).
La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana, del expresidente Rafael Correa (2007-2017), acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.
El mandatario es señalado de no ordenar en su administración la terminación de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a que resultaba lesivo para los intereses estatales al dejar pérdidas por más de seis millones de dólares a la empresa ecuatoriana.
Muerte cruzada
El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 curules, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con una docena.
Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su “obligación poner la cara ante el pueblo”.
Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina ‘muerte cruzada’.
“No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea”, matizó luego en abril.
Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez.
“No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado”, pues la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante, anotó la cartera en su cuenta de Twitter.
Teoría “sui géneris”
El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, defendió que no se ha podido probar que el mandatario haya cometido peculado.
“Con su sui géneris teoría de peculado por omisión que no existe, jurídicamente el proceso estuvo caído”, expresó Cucalón en declaraciones a la prensa divulgadas por la cartera.
De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido mediante un juicio político en 90 años. En 1933, con ese mecanismo fue cesado de sus funciones el exgobernante Juan de Dios Martínez (1932-1933).
En las afueras del Legislativo, un pequeño grupo de opositores al gobierno exigía la destitución de Lasso, quien asumió en mayo de 2021.
Esta es la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.
En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los votos necesarios.
Para destituir a un mandatario se necesita la voluntad de 92 de los 137 asambleístas (dos terceras partes). /AFP