El 26 de mayo la Universidad Central de Venezuela realizará elecciones para escoger a sus autoridades. Se llevarán a cabo aplicando un “Reglamento Transitorio” aprobado por el Consejo Universitario y logrado mediante un misterioso acuerdo. Casi 15 años han transcurrido sin elecciones y con las mismas autoridades universitarias. Los intereses políticos y las conveniencias de algunos grupos y personas, privaron sobre las instituciones y desconocieron, uno de los pilares básicos de la democracia: la alternabilidad en los cargos. Esto, aunado al fracaso de las políticas económicas del gobierno, la aparición de la pandemia de COVID 19 y la reducción significativa del presupuesto asignado a las universidades, nos condujo al lamentable estado actual de las universidades autónomas: pérdida de su autonomía, grave deterioro de la planta física, deserción importante de estudiantes y profesores, desmantelamiento de laboratorios docentes y de investigación, inseguridad, salarios irrisorios y desaparición del liderazgo universitario. El proceso de desintegración ha ocurrido ante nuestros ojos y las instancias gubernamentales actúan en abierta contradicción con las disposiciones legales vigentes: Ley de Universidades (Art. 13) y Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art.109). El gobierno, con la aprobación de la Ley de Educación Superior, introdujo la norma del “Estado Docente”, otorgando al Ejecutivo Nacional competencias para controlar a las universidades y limitar su autonomía. Esta conducta oficial, induce a pensar que el gobierno no cree que las universidades públicas autónomas son el instrumento del Estado para formar profesionales competentes y generar conocimientos indispensables para el desarrollo y progreso de la nación. Al contrario, el trato ha sido agredir y negar los recursos económicos necesarios para que la universidad pública y autónoma cumpla con la función que le está encomendada por la Constitución de la República. Creó un sistema paralelo de educación superior oficialista, ideologizado y dirigido por autoridades designadas, con un costo cercano a los 40.000 M de dólares. Los rectores designados a dedo por el gobierno, le garantizaron, una amplia mayoría en el Consejo Nacional de Universidades, máxima instancia de decisión en materia de educación superior.
Todas las calamidades mencionadas produjeron graves y grandes problemas a las universidades autónomas, en particular a la UCV, que había logrado desde el año 1958 crear una infraestructura de investigación y de formación de recursos humanos, reconocida, de acuerdo con los criterios de evaluación internacionales. Desde las aulas de sus once (11) facultades egresaron miles de profesionales que se constituyeron en semilleros para la creación de otras instituciones de educación superior y para la fundación y soporte de importantes empresas públicas y privadas. Sus investigadores jugaron un papel muy relevante en el incremento significativo de la actividad de investigación en el país. Recordemos que Venezuela llegó a alcanzar el quinto lugar en Latinoamérica en producción de trabajos de investigación.
La Universidad Central, en su ya larga existencia de 300 años, ha pasado por momentos muy críticos. El patrimonio concedido por el Libertador en su decreto de 1827 le fue arrebatado en buena proporción por uno de los gobiernos despóticos que ha tenido Venezuela. Otros regímenes le negaron recursos, destituyeron arbitrariamente a sus autoridades, allanaron sus recintos y la clausuraron en varias ocasiones. A pesar de esto, su historia nos enseña también, que la institución a la larga se sobrepone a esas agresiones y mezquindades, resurge de las sombras y vuelve con su luz a iluminar todos los rincones del país.
Una vez más, a los universitarios de esta generación les corresponde la trascendental tarea de recuperar y fortalecer a la universidad para que asuma su deber de contribuir a generar conocimientos, capacitar a la juventud y educar para la defensa de los derechos civiles fundamentales de los venezolanos. Los vientos que comienzan a aparecer son favorables. Lenta pero sostenidamente, la comunidad ha empezado a movilizarse y a participar. La aparición de siete (7) opciones distintas con aspiración de ser elegidos para los cargos de Autoridades Rectorales, el numeroso grupo de aspirantes a Decanos y a representantes ante los órganos de cogobierno, presagian que la universidad va a despertar y va a cumplir con su noble misión. La participación de todos los miembros de la comunidad universitaria, activos y jubilados, conjuntamente con sus egresados, será una demostración extraordinaria de su fortaleza para recuperar la democracia, el respeto a todas las formas de pensamientos y para renovarse a sí misma. Al concluir el proceso electoral, la nueva dirigencia universitaria deberá plantearse como objetivo principal, implementar un nuevo modelo de gestión cuyo propósito principal será construir un amplio frente, con un fin común: elaborar un programa de fortalecimiento de la universidad pública y autónoma, de renovación de sus estructuras obsoletas, de innovación de sus sistema de ingresos adicionales, que privilegie la academia e interactúe activamente con todos los sectores de la sociedad venezolana. Así lo ha expresado acertadamente el profesor Víctor Rago, uno de los candidatos a Rector: “la tarea fundamental del nuevo liderazgo universitario es encabezar el esfuerzo colectivo para preservar los valores y principios de la universidad autónoma y democrática, así como estimular los cambios necesarios para responder a un entorno en transformación constante”.