Trabajadores de la gobernación del estado Anzoátegui exigen que autoridades nacionales intervengan en el caso de la invasión de 120 apartamentos que fueron construidos con sus ahorros.
Javier A. Guaipo // Corresponsalía lapatilla.com
Según explicaron, esta problemática inició en 2018 en el conjunto residencial Capsteea I, ubicado en Nueva Barcelona. Agregaron que el grupo de personas que ocupan ilegalmente las propiedades dicen estar amparados en el “poder comunal”.
“Trabajé y ahorré para que en el futuro mis hijos tuvieran una mejor calidad de vida que actualmente no tienen. Vivo alquilada pagando en dólares en un lugar que carece de condiciones óptimas para los niños”, manifestó María Fernanda Carpio, quien lleva 19 años al servicio del gobierno estadal.
Vale aclarar que los mencionados apartamentos fueron construidos con dinero de los trabajadores pertenecientes a la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del Estado Anzoátegui (Capsteea), pero hasta el momento no han podido disfrutar de estas viviendas.
Carpio enfatizó que sus hijos están en una situación de vulnerabilidad por las características del sitio en el que residen y lamenta que todo esto ocurra “ante la mirada complaciente de las autoridades regionales y municipales”.
“Le pedimos al fiscal general de la república, Tarek William Saab, que tome en consideración mi caso y el de los demás afectados. Ya son cinco años que llevamos a la espera y nada que recibimos respuestas“.
El grupo de empleados perjudicados por la invasión de los apartamentos han realizado protestas pacíficas tanto en las afueras del Ministerio Público (MP) en Puerto La Cruz, como en las adyacencias de la sede de la gobernación en Barcelona, pero sus solicitudes no han sido tomadas en cuenta.