Esta decisión será recordada como el parteaguas que define la frontera entre el sostenimiento y la disolución del estado de derecho en México. Por ello plantea interesantes interrogantes sobre el futuro inmediato de México y de América Latina.
Vista la decisión desde el interés de México esta congela el proceso de relanzamiento industrial del país desarrollando eslabones de la cadena de valor de la economía norteamericana que se están reubicando a partir del COVID 91. Estiman los expertos que este proceso le hubiera permitido a México aumentar la proporción de mexicanos que ingresan a los rankings de la clase media y salen de la pobreza en un 5% en un decenio. Por tanto México no solo está destruyendo una locomotora de progreso sino condenando a millones de familias a la pobreza.
Desde le punto de vista del interés de Estados Unidos, el desarrollo de actividades manufactureras integradas a su cadena de valor en México le permite mantener la estabilidad de precios con lo cual protege a sus clases medias. Y en la medida que las clases medias crezcan en ambos lados de la frontera del Rio Grande en esa misma medida la locomotora del desarrollo podrá despegar una vez mas para halar al mundo hacia una nueva era de estabilidad económica.
Para el resto de la región la decisión ahonda el sentimiento negativo de los inversores que no terminan de ver en ella un destino seguro para desarrollar proyectos distintos a los comerciales. De hecho, en México la medida ha congelado planes de inversión en diversos sectores que incluyen el financiero, energético y de transporte por la significativa suma de $ 15.000 millones. Triste devenir para el país que formó mas clase media en América Latina en los últimos 25 años gracias a la inversión extranjera que fluyó bajo los cauces del tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá.