Un tribunal de Guatemala condenó este miércoles a seis años de prisión al fundador de un diario crítico del gobierno, en un polémico juicio por lavado de dinero denunciado por gremios internacionales de prensa.
“Se impone a José Rubén Zamora Marroquín la pena de seis años de prisión inconmutables”, dijo el juez Otto Valvert, al anunciar la sentencia contra el fundador de El Periódico, que cerró el 15 de mayo tras 27 años de circulación.
Zamora, quien escuchó la sentencia sereno, tenía la esperanza de ser absuelto en este juicio catalogado por organizaciones de prensa como un “acto de intimidación” y “caza de brujas”. El fallo es apelable.
Al llegar al esposado al tribunal, Zamora contó a los reporteros que su esposa, Minayú Marroquín, se marchó a Estados Unidos por temor a ser arrestada.
“Tengo un hijo en el exilio que tiene orden de captura [en Guatemala]. Por fortuna mi esposa salió anoche para Estados Unidos también, porque pienso que quieren capturarla”, dijo Zamora, quien está en prisión desde hace casi 11 meses.
En este juicio iniciado el 2 de mayo, la Fiscalía había solicitado 40 años de prisión para Zamora por supuesto lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias, una pena desproporcionada, según su hijo, Ramón Zamora.
Sin embargo, el tribunal solo admitió los cargos por lavado de dinero y desestimó los otros dos, y también condenó a Zamora a pagar una multa de unos 37.500 dólares.
La exfiscal Samari Gómez, juzgada con Zamora bajo la acusación de filtrarle informaciones, fue absuelta por el tribunal.
“Persecución y presión”
La Fiscalía acusó a Zamora de intentar blanquear unos 37.500 dólares “producto de chantajes y extorsiones” a empresarios para no publicar información en su contra.
Pero el periodista de 66 años afirmó que ese dinero provenía en su mayoría de la venta de una obra de arte para financiar su medio, que arrastraba una crisis financiera agravada con su arresto.
“Si hubieran aceptado las pruebas que mi padre quiso aportar podíamos acreditar el origen lícito del dinero”, dijo su hijo.
Zamora acusa al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos, de haber fabricado el caso para silenciarlo por publicaciones sobre corrupción en el gobierno.
Tras denunciar “persecución penal y presión económica”, el diario, fundado por Zamora en 1996, cerró definitivamente el 15 de mayo. En diciembre ya había dejado de circular en papel y solo mantenía la edición digital.
El Periódico había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.
Algunos periodistas del medio se exiliaron luego de que un juez autorizó investigarlos por la cobertura de los procesos penales contra Zamora.
Acoso a abogados
La Fiscalía abrió otros dos casos contra Zamora, uno por presuntamente intentar frenar una investigación por lavado de dinero y otra por el supuesto uso de firmas falsas en las boletas para viajar al extranjero entre 2015 y 2017.
Zamora dijo este miércoles en la audiencia que entre la decena de abogados que participó en su defensa “la mayoría fueron perseguidos por el Estado de Guatemala, cuatro fueron encarcelados y dos salieron del país”.
Estados Unidos ha criticado estos procesos. “Criminalizar la labor de los periodistas […] atenta contra las normas democráticas y el respeto de la libertad de expresión”, dijo en marzo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
Organismos de derechos humanos y gremios de prensa internacionales también han criticado el juicio contra Zamora, que tiene lugar en medio de la campaña de las elecciones generales del 25 de junio.
“Hemos documentado cómo están a punto de extinguir a la prensa independiente en este país”, dijo la semana pasada Juanita Goebertus, de la oenegé Human Rights Watch (HRW), al cierre de una visita a Guatemala.
“Modelo autoritario”
El juicio contra Zamora y la nueva investigación que incluye a ocho periodistas y columnistas del desaparecido diario también son rechazados por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que los tilda de “acto de intimidación” y “caza de brujas”.
“Estamos ante un claro acto de intimidación en contra de todo el periodismo de Guatemala”, dijo el viernes el presidente de la SIP, Michael Greenspon, en un comunicado.
El caso Zamora ocurre tras la detención de varios exfiscales y jueces que investigaron sonados casos de corrupción, quienes ahora son señalados en su mayoría de abuso de autoridad. Según HRW, ocho están presos y más de 30 exiliados.
El candidato presidencial centrista Edmond Mulet sostuvo que la persecución a periodistas y fiscales refleja que Guatemala se desliza “poco a poco a un modelo autoritario”.
“No digo de dictadura por el momento, pero sí autoritario, modelo Nicaragua, por ejemplo”, dijo Mulet a la AFP.