Aunque los antecedentes no son alentadores existiendo cierta renuencia y con razón, acerca de la selección del liderazgo nacional para las actividades de los próximos meses que conlleven a una elección presidencial, no es menos cierto que se está en presencia de una de las pocas oportunidades realistas, consistentes y sobre todo que cuenta con la anuencia de un conglomerado de ciudadanos que han retomado fuerzas para liquidar la estructura que controla el poder político en el país.
Vamos a ver la transformación de Venezuela en una primera fase, tiempo en el cual la lógica del poder estará respirando por una boquilla pero no ausente, no desprendida de sus malas mañas, ni de su planificada vía de controlar el país, solo que ejerciendo presión a través de operadores políticos, económicos y lo que le queda de “base social”. Los jerarcas sufrirán la amargura en tener claro que sus días como gobierno están por concluir, lo que quizás estimule a que prueben con nuevos métodos para torpedear toda la fuerza que se está construyendo.
Al igual que los gobiernos tiránicos establecidos históricamente, el de Venezuela por ejemplo, ha podido sostenerse controlando la dirección de las instituciones, incluyendo con intensidad a los poderes públicos, ministerios esencialmente estratégicos como los que corresponden a salud y educación, así como gobernaciones y alcaldías. En todo este contexto, las propias estructuras funcionan como “vasos capilares” en forma ascendente y descendente, tanto para el monitoreo y seguimiento de la más mínima acción ciudadana como de la transmisión de órdenes ejecutivas, respectivamente.
La fase electoral ha iniciado y la estructura de poder gobernante no tiene posibilidades de éxito; sin embargo, aún las tiene en una segunda y tercera fase. El traspaso de mando al nuevo jefe de Estado y de gobierno como segunda fase, es un lapso de tiempo que los subversivos pudieran utilizar para causar algún daño y retrasos; eso se elimina con una intensa vigilancia y apoyo organizacional internacional.
La tercera fase no debe dilatarse, esto quiere decir que no puede durar la mitad de un período presidencial, lo que implica unos 3 años; básicamente desplazando el remanente del actual régimen de las instituciones con cargos de elección popular: gobernaciones y alcaldías. En este mismo plano, es esencial dirigir cambios para una independencia clara de los municipios como unidades políticas primarias y una definición para las gobernaciones en asumir su rol de institución del poder ejecutivo en estados federales que preceden al nacional, con autonomía para configurar bases legales, proyectos y un auténtico programa que propicie el desarrollo económico.
Todo esto conduce a trabajar dentro del marco de las libertades ciudadanas, la democracia y las nuevas directrices políticas y económicas, con dos cualidades necesarias que se concentran en la capacidad de toma de decisiones y la rapidez, que involucre un apremiante grupo de reformas, depuración y codificación del marco legal, reglamentario y regulatorio en los ámbitos ya comentados por su nivel de importancia de: salud, educación y poderes públicos.
Por lo tanto, esto debe entenderse como la expresión visible y programática del liberalismo político y económico con una franca distinción de las funciones del Estado central, con rasgos característicos de una gestión orientada a aumentar la eficacia de las instituciones, la seguridad de la nación (territorial, jurídica y personal) y la procura de las libertades ciudadanas en todo el espacio geográfico de la República.
@abrahamsequeda