La situación de Venezuela luce terriblemente comprometida en todos los frentes, incapaz de generar condiciones para una vida digna de sus habitantes. De no introducirse cambios drásticos en su manejo, habrá de convertirse en un país fallido. La responsabilidad de tal fracaso recae en la gestión del chavo-madurismo frente al Estado. Redujo la actividad económica en más del 75%; destruyó la moneda nacional –el bolívar—y la capacidad adquisitiva de los venezolanos, perpetuando, durante años, la inflación más alta del mundo; incrementó, aún más, la descomunal deuda externa que dejó Chávez, precipitando una situación de default que aisló al Estado de los mercados financieros internacionales; acabó con las capacidades del Estado por responder a las necesidades de la sociedad, tanto en materia de salud y educación, como con los servicios públicos de agua, luz y seguridad y la infraestructura física; achicó la banca y, con ello, su capacidad crediticia; acentuó las desigualdades sociales, haciendo de Venezuela el país más inequitativo de América Latina; logró el milagro de arruinar a PdVSA, nuestra “gallina de los huevos de oro”; y colocó la explotación de ricos recursos minerales, como de importantes decisiones estratégicas, en manos de cubanos, rusos, chinos, iraníes y de bandas criminales. Nos impuso esta tragedia haciendo un uso extensivo de la represión, disolviendo las garantías ciudadanas y los derechos humanos consagrados en la Constitución. Tal proceder sólo fue posible por la connivencia de un sector descompuesto de la FAN, traidor a la patria, y de jueces y policías corruptos. La Corte Penal Internacional investiga a Maduro y sus cómplices por crímenes de lesa humanidad contra la población.
Elemento central de esta tragedia –pero lejos de ser el único– es el colapso de la economía. Aunque el régimen levantó los controles de precio y liberó la tenencia de dólares, al haber arruinado la economía doméstica y destruido PdVSA, se quedó sin ingresos para financiar su gestión. Como tampoco tenía acceso a los mercados financieros internacionales, acudió a la emisión de dinero por parte del BCV, perpetuando las presiones inflacionarias que tanto han empobrecido a la gente. Y su respuesta para aplacar este flagelo ha sido la peor: 1) redujo el gasto público, aumentando la inoperancia del Estado, agravando la prestación de servicios públicos y comprimiendo los sueldos reales de los empleados del Estado; 2) elevó el encaje bancario hasta eliminar, prácticamente, su capacidad crediticia; y 3) intentó estabilizar el precio del dólar como ancla del sistema de precios, “quemando” las escasas divisas que entran al país. O sea, el chavo-madurismo cometió la barbaridad de reducir, aún más, la demanda como fórmula antiinflacionaria, en momentos en que la economía exhibe un descomunal desempleo de sus recursos productivos. Se acentuó, así, el impacto devastador de su gestión sobre la oferta de bienes y servicios, contrayendo aún más el ingreso, ya bajísimo, de los venezolanos. Se perpetúa la situación de postración en que se encuentra la economía, impidiendo la recuperación de los niveles de vida de la población. Un círculo vicioso que revela que, sin cambios significativos, Venezuela continuará entrampada en este estado de pobreza extendida, sin mayor perspectiva de alivio.
Superar esta trampa requiere de una inyección sustancial de recursos externos para sanear al Estado, rescatar los servicios públicos, atender la emergencia humanitaria y liberar a las fuerzas productivas del conjunto de trabas que las aplastan. Pero el acceso a tales recursos está condicionado a reformas que restablezcan el ordenamiento constitucional, ofrezcan garantías a los mercados internacionales, como condiciones que aseguren el reembolso eventual de tales empréstitos. Ello no coincide con el interés del chavo-madurismo de perpetuar el estado de anomia que resultó de desmantelar las instituciones y de la destrucción del Estado de derecho para continuar expoliando, sin restricciones, las riquezas del país. ¿Podrá cambiar de actitud? Se evidencia, entonces, que el entrampamiento es político.
La salida es también, obviamente, política. Del lado de muchos jerarcas del oficialismo, admitir las reformas antes mencionadas implica ceder privilegios y exponerse a ver confiscadas sus fortunas mal habidas y/o a pesar largos años en prisión por sus atropellos. Intentan blindarse erigiendo una falsa realidad a base de clichés, en la cual refugiarse. ¿Habrá otros dispuestos a negociar su salida y/o a permitir los cambios? ¿En qué condiciones? La inhabilitación política de María Corina Machado y la intervención del CNE atestiguan la intención de cerrar la vía electoral para materializar tales cambios. La represión de la protesta sindical en Guayana, como otras violaciones de derechos civiles, indican, asimismo, la continuidad de prácticas dictatoriales. ¿Qué haría falta para aumentar las posibilidades de que emergieran interlocutores oficialistas interesados en liberar al país de la actual tragedia?
La respuesta a la pregunta anterior depende mucho de lo que puedan hacer las fuerzas democráticas. Debilitadas, divididas y sin una vinculación estrecha con los diversos sectores que luchan contra la dictadura, será muy poco. Seguiríamos entrampados. El desafío crucial es, por ende, forjar la unidad requerida para construir una fuerza capaz de labrar espacios de lucha conducentes al cambio. Fundamental, en ello es saber asumir las aspiraciones de las mayorías en un proyecto claro y viable que les inspire confianza en las posibilidades de conquistar el cambio. Las movilizaciones con miras a participar en las primarias opositoras del 22 de octubre son un buen comienzo. Asimismo, la respuesta contundente de todos los candidatos ante la inhabilitación política de María Corina Machado que, junto a la impuesta a Enrique Capriles y a Freddy Superlano, violan la constitución, es también alentadora. Pero debe perpetuarse en una plataforma unitaria que conecte con las luchas sociales como imperativo para conquistar condiciones electorales confiables que abran las puertas a las posibilidades de cambio político. Persistir en la lucha por unas primarias que aúnan voluntades mayoritarias en torno a un propósito común de transformación democrática e inclusiva del país –o cualquier otro mecanismo consensuado que cumpla con tales requisitos–, por más obstáculos que interpongan los personeros del fascismo chavo-madurista, debe ser la estrategia a seguir. Tanto las inhabilitaciones, como la intervención, también inconstitucional, del CNE, revelan la vulnerabilidad de Maduro ante la perspectiva de que se concreten elecciones mínimamente confiables. Perdería de calle ante quien emergiese como candidato/a de unas primarias que cumpliesen con los propósitos arriba mencionados. Ahora es cuando las fuerzas democráticas deben afincarse en esa estrategia, sin ceder ante las vilezas que, como es su naturaleza, llegue a instrumentar el (des)gobierno para evitar medirse de verdad.
Podría objetarse que se corre el peligro de alimentar la polarización con posturas extremistas, de confrontación, que tanto han favorecido al chavo-madurismo en el pasado. Se asoma, como amenaza una respuesta similar a la instrumentada por el gánster Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Se podrá evitar que ello ocurra a través de negociaciones? Lamentablemente, no hay razones para pensar que Maduro y los suyos vayan a acordar con la oposición condiciones para un “fair play” político. No está en su naturaleza. Ante las últimas acciones del fascismo es menester la denuncia frontal y la movilización continua de la gente por hacer valer sus derechos a manifestar abiertamente su voluntad de cambio. Sólo desde una posición de fuerza podrá eventualmente negociarse acuerdos con los que han destruido al país que abran posibilidades de una salida electoral que inspire confianza como solución. Esto implica mantenerse firme ante los atropellos con que el chavo-madurismo pretende acallar la voz popular en estos momentos. Una vez consolidada una posición de fuerza, en concierto con los aliados democráticos a nivel internacional, podrá pensarse en concesiones que ayuden a aquellos oficialistas que se han dado cuenta de que su proyecto no tiene salida a asumir un mayor protagonismo en la concreción de acuerdos prometedores con la oposición. Llegará el momento en que, con el pañuelo en la nariz, puedan discutirse condiciones de un régimen de justicia provisional que facilite el abandono del poder por parte de los criminales que hoy lo ocupan. Con la división de las fuerzas de oposición, seguiremos entrampados.
Humberto García Larralde, economista, profesor (j), Universidad Central de Venezuela, humgarl@gmail.com