Las violaciones de los derechos laborales en Anzoátegui, tanto en instituciones o empresas públicas y privadas, alertaron a la Fiscalía y Defensoría del Pueblo que por petición de los trabajadores aplicarán un plan especial de atención.
“En la Defensoría tenemos un total de 300 denuncias, pero en el Ministerio del Trabajo debe haber más, porque es allí donde acuden primero las víctimas” aseguró Rafael Vega, Defensor del Pueblo.
Los casos de mayor incidencia vienen de Pdvsa, Cementos de Venezuela, Hidrocaribe, Corpoelec, alcaldías, ministerios, entre otras instituciones públicas y algunas empresas privadas, que irrespetan órdenes de reenganche, sentencias del TSJ, pagos y respeto a los debidos procesos.
Para Juan Salazar, presidente de la Federación Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, Campo y Pesca, “Pdvsa no puede ser un Estado dentro del Estado, la cementera no puede ser un Estado dentro del Estado. Las empresas privadas. Hay que respetar los derechos laborales”.
“Apoyamos la medida de Tarek William Saab, fiscal general, porque llegó la hora de que se respeten los derechos y se haga justicia para esos padres y madres, que han quedado sin sustento”, dijo Salazar, pidiendo a los trabajadores retomar sus casos y esperar sus reivindicaciones.
“Así como acabaron con parte de los delincuentes, sicarios, terroristas que se hacían pasar por sindicalistas y ahora están presos, confiamos en que se hará justicia en estos casos”, refiere Salazar haciendo alusión a bandas de delincuencia organizada que generaban terror entre los trabajadores de la entidad, que fueron detenidos gracias a investigación de el Ministerio Público.
Los casos y denuncias serán tratados de forma integral, entre la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, en todo el país, ante el crecimiento de denuncias en despidos injustificados y violación de los debidos procesos.
Nota de prensa