Un juez federal en Miami criticó el viernes a los fiscales por un aparente intento de rechazar una orden judicial y tomar el control de un condominio junto al mar perteneciente a un excongresista republicano antes de un juicio de alto perfil relacionado con un contrato de consultoría de 50 millones de dólares con el régimen socialista de Venezuela.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
Cuando David Rivera y un asociado fueron acusados en noviembre pasado de lavado de dinero y actuar como agentes extranjeros no registrados para el régimen de Nicolás Maduro, los fiscales obtuvieron una orden de un juez que congelaba alrededor de 24 millones de dólares de cuentas bancarias y de corretaje, así como propiedades de Florida que, según dijeron, eran producto de ganancias mal habidas.
Los fiscales también bloquearon ocho propiedades más pertenecientes a Rivera y su socio en Florida y Georgia que, aunque no están relacionadas con actividades criminales, probablemente serían confiscadas si los dos son declarados culpables.
Este mes, en un fallo duramente redactado, el juez magistrado Edwin Torres dijo que el gobierno no tenía derecho a tomar los activos “inocentes” de Florida sin una condena. En lugar de levantar la orden de restricción, el gobierno le pidió al tribunal que reconsiderara y dijo que desde entonces había determinado que tres de las propiedades, incluido un condominio que Rivera y su esposa compraron en 2019 por 301 mil dólares en New Smyrna Beach, Florida, también podrían rastrearse hasta el presunto cabildeo de los acusados en nombre del régimen de Maduro.
El juez Darrin Gayles expresó el viernes su frustración con el cambio de estrategia del gobierno.
“Esto apesta a juego”, dijo Gayles, quien revirtió su propia orden sellada de hace una semana que concedía la solicitud de los fiscales de que las propiedades inmobiliarias fueran congeladas una vez más. “Parece que el gobierno simplemente presentó esto porque perdió”.
La fiscal federal adjunta Nalina Sombuntham dijo que los fiscales se enteraron por primera vez por los investigadores de que la propiedad podría estar directamente “contaminada” por el trabajo de consultoría de Rivera con Venezuela en mayo o junio, pero no alertaron a la corte hasta el 14 de julio, una semana después de que el juez magistrado Edwin Torres emitió su orden de 23 páginas liberando las propiedades.
Gayles, quien supervisa el caso criminal, no estaba impresionado. “Parece que estás perdiendo el tiempo de la corte”, dijo
Rivera se ha visto empañado por escándalos que se remontan a sus días en el Congreso de 2011 a 2013. Fue arrestado a fines del año pasado por una acusación penal de ocho cargos alegando que al comienzo de la administración Trump era parte de una conspiración para cabildear en nombre de Venezuela para reducir las tensiones con los Estados Unidos, resolver una disputa legal con una compañía petrolera estadounidense y poner fin a las sanciones de los Estados Unidos contra el régimen chavista, todo sin registrarse como agente extranjero.
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