Durante más de un año, InSight Crime y el Instituto Igarapé investigaron los delitos ambientales que están saqueando las regiones de triple frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil; y Colombia, Perú y Brasil.
La minería ilegal se ha tomado ambas regiones afectando la conservación de los bosques. En los más de 4.000 kilómetros que componen la frontera entre Colombia, Venezuela y Brasil, la fiebre del oro ha puesto en jaque parques naturales y comunidades indígenas.
Elementos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y unidades de la guerrilla binacional del Ejército de Liberación Nacional (ELN), controlan la minería ilegal en el Parque Natural Cerro Yapacana. Mientras tanto, redes criminales tumban bosques en esta triple frontera para abrir paso a numerosas pistas de aterrizaje clandestinas, usadas para mover parte del oro que llega a otros rincones de la Amazonía y a las bóvedas del banco central de Venezuela.
Del lado brasileño, favorecidos por la agenda extractiva del expresidente Jair Bolsonaro, miles de mineros ilegales invadieron tierras Yanomami, una de las reservas indígenas más grandes del país. Hoy, el recién nombrado Lula da Silva encabeza operativos contra la minería ilegal en la zona, que han ocasionado el flujo de mineros ilegales hacia otras partes de la Amazonía, especialmente a Venezuela.
Por su parte, en la triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil, los ríos del Amazonas están siendo contaminados con el mercurio procedente de la invasión de numerosas dragas que buscan extraer hasta el último gramo de oro. Al mismo tiempo, los patrones madereros, los cerebros detrás del tráfico de madera, se han aprovechado de las concesiones madereras entregadas a las comunidades indígenas en Perú.
Le invitamos a leer nuestra investigación completa, que ofrece información detallada sobre los delitos ambientales en la Amazonia, así como oportunidades de intervención en estos cuatro países.
