Los habitantes de la Cota 905, una barriada popular situada en el suroeste de Caracas, capital de Venezuela, viven sometidos por una red de extorsión policial. Desde la mortífera intervención de las fuerzas de seguridad en el año 2021 para desarticular la poderosa banda criminal del “Koki”, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) controla la zona que ahora es un hervidero de detenciones arbitrarias y extorsiones.
Por alianza.shorthandstories.com
Durante los últimos dos años, los policías han ocupado ilegalmente viviendas donde han improvisado puntos de control desde los cuales imparten su peculiar forma de control social. En la Cota 905 hay ocho retenes (alcabalas) en los sectores Las Luces, Villa Zoila, La Chivera, 21 de Julio, Las Brisas, barrio Moscú, El Pinar y Las Quintas, que sirven como puntos para llevar a cabo las detenciones arbitrarias y los cobros de extorsiones a sus habitantes -en su mayoría jóvenes-, así como a transportistas, deliveries, comerciantes y hasta vendedores ambulantes de la zona.
Para esta investigación, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) –conformada por los medios El Pitazo, Runrun.es y TalCual–, con el apoyo editorial de CONNECTAS, visitó la Cota 905 y habló con decenas de víctimas y sus familiares, con testigos de las frecuentes matracas policiales y también con expertos conocedores de la situación que vive esa comunidad.
Los testimonios recogidos relatan el mismo patrón: los policías realizan arrestos arbitrarios (sin argumentos legales) y simulan delitos para extorsionar a los ciudadanos. Las víctimas afirman que les siembran drogas para justificar la detención y les obligan a llamar a sus parientes para pedir entre 10 y 1.000 dólares por su liberación.
Las madres de los adolescentes, especialmente de los varones, aseguran que no pasa un día en que no sientan miedo de que a sus hijos se los lleve la PNB y les pidan “rescate” para su liberación. Así lo contaron varias mujeres entrevistadas para este reportaje. Y los temores no son injustificados.
Yenny* denunció que a su nieto se lo llevó detenido la policía en marzo de este año. Dijo que le sembraron droga y pidieron 500 dólares para liberar al muchacho. Los uniformados no registraron la detención, ni presentaron al joven ante el Ministerio Público. La madre, quien vive en el exterior, envió 200 dólares para pagar a los policías y soltaron a la víctima.
Los montos de las extorsiones aplicadas por los funcionarios policiales en el barrio, ubicado en una zona popular, ocurren en un país en el que el salario mínimo de un trabajador venezolano equivale a 4,5 dólares mensuales. En la Cota 905 hay familias que solo tienen ingresos de 30 dólares mensuales, según reveló una organización de la sociedad civil consultada para esta investigación. En estos casos, el pago de una extorsión equivale a unos seis meses de ingresos.
“Toma. Esto es tuyo y tienes que darme 500 dólares para soltarte”. Así le dijeron los policías a un ahijado de Jaime*, vecino de la Cota 905, en abril de este año para referirse a una porción de drogas que le sembraron entre sus pertenencias. Una pareja de policías detuvo al muchacho cuando regresaba en la madrugada a su casa. Jaime, su padrino, se enteró enseguida de la detención porque los padres del joven alertaron a la familia por un grupo de Whatsapp. Según la versión que les dio la policía, el detenido no se paró en una alcabala, atacó a un policía y cargaba sustancias estupefacientes.
Al ahijado de Jaime tampoco lo presentaron ante el Ministerio Público. De acuerdo a su versión, los policías lo golpearon durante su cautiverio y no fue liberado hasta tres días después, cuando su familia pagó la extorsión. El artículo 373 del Código Procesal Penal venezolano establece que el órgano aprehensor cuenta con 12 horas desde la detención para poner a la orden del Ministerio Público a la persona detenida. Sin embargo, esto no ocurrió con ninguna de las víctimas entrevistadas para esta investigación.
A Jaime también le tocó intervenir en la colecta que hicieron varios habitantes de la barriada para que los policías liberaran a José*, un vecino de 25 años de edad. Aseguró que los funcionarios le aplicaron el “toma, esto es tuyo” y sacaron de su bolsillo una bolsa pequeña con cripy, un tipo de marihuana más potente. En este caso, no lo trasladaron a un módulo policial, sino que lo pasearon en una patrulla por El Cementerio, una comunidad vecina a la Cota 905, hasta que la familia reunió el dinero y pagó el rescate a los policías. Jaime no recuerda cuál fue el monto de esa extorsión.
Desde otro punto del barrio, Yuleidy* relata historias similares. Indicó que frente al módulo del sector Las Quintas, cerca de una zona conocida por los vecinos como “Mata de Caucho”, los uniformados retienen a jóvenes, incluso a menores de edad, y los dejan allí por horas hasta que sus familiares pagan por su liberación. “Tienen que buscar dinero donde no hay. Los policías piden de 100 (dólares) en adelante. La excusa que le dan a sus familiares es que los consiguen consumiendo drogas”, precisó.
La Ley de Drogas vigente en el país establece un procedimiento especial sobre aquella persona que sea sorprendida consumiendo o portando dos o menos gramos de cocaína o hasta 20 gramos de marihuana, al considerarse “adicta” y, por lo tanto, con problemas de salud. La norma dicta que el consumidor será retenido y presentado de inmediato al Ministerio Público, que debe coordinar la realización de exámenes toxicológicos y, más tarde, solicitar su libertad ante un tribunal para luego remitir a la persona a rehabilitación.
Para leer la nota completa pulse Aquí