Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuyas vidas estaban sometidas a las reglas de las maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio frente a la posibilidad de que vuelvan las masacres o las desapariciones en masa ocasionadas por estos grupos al margen de la ley.
Por Voz de América
Hoy, El Salvador parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios que lo ubica entre los países con menos violencia homicida de la región. Pero ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose?
Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio de 2019 recibió un país con una tasa de 36 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esa tasa ya había comenzado a bajar desde 2016. Sin embargo, el gobierno le atribuyó la reducción de la violencia homicida a su millonario Plan Control Territorial que dio inicio 20 días después de que Bukele llegara a la silla presidencial.
Pero mientras el gobierno aseguraba el éxito del Plan Control Territorial valorado inicialmente en 575 millones de dólares, las dos principales pandillas ordenaban repentinamente “abrir válvulas” lo que en la jerga pandilleros significa ejecutar grandes matanzas. Lo que puso en aprietos en al menos cuatro ocasiones a un gobierno cuestionado entonces por supuestamente negociar con estos grupos.
Fue sino hasta marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, que las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El 25 de marzo, El Salvador amaneció con la alerta de que la Mara Salvatrucha — considerada organización criminal transnacional — había ordenado a sus soldados de calle abrir válvulas. Ese fin de semana hubo 87 asesinatos.
La Asamblea Legislativa —que llevaba casi un año de haber sido electa — aprobó el 27 de marzo de 2022 un régimen de excepción solicitado por Bukele. La medida contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales para endurecer la pertenencia a pandillas.
A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador capturando a todo salvadoreño con antecedentes policiales y penales, y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas. “El penalito” una pequeña cárcel llamada bartolina policial en San Salvador comenzó rápidamente comenzó a llenarse con nuevos detenidos y familiares que esperaban información.
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