La nueva crisis de Citgo -cuya inminente pérdida se viene anunciando desde hace años- ha dado lugar a interpretaciones inverosímiles que solo siembran confusión en lo que es, de por sí, un asunto muy complejo.
El abogado Carlos Ramírez Torres ha venido contribuyendo a esa confusión, manejando desordenadamente datos y teorías. En su más reciente entrega, el abogado Ramírez Torres lanza la tesis según la cual el Gobierno Interino -esto, el Presidente de la Asamblea Nacional actuando como Presidente encargado, y reconocido como tal en Estados Unidos- nunca cuestionó la representación ejercida por quien detenta el cargo de Procurador General en el régimen de Maduro. Asimismo, se cuestiona mi “contratación” como Procurador Especial, a pesar de haber intervenido como experto independiente en 2017, en una de las causas que conoce a Corte de Distrito de Delaware. Ante todo esto, propone como solución acudir a la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Lo primero que hay que aclarar que la Asamblea Nacional de 2015 sí cuestionó la ilegítima designación de Reinaldo Muñoz como Procurador General. Sin embargo, lo cierto es que entre 2018 y 2019 diversos tribunales arbitrales constituidos al amparo del CIADI, ya habían negado la posibilidad de cuestionar la legitimidad de Muñoz (casos Longreef Investments, Fábrica de Vidrios Los Andes y Air Canada). Tanto más: como explico en mi libro dedicado al análisis de todos estos litigios, salvo en un caso -Conoco- ninguno de los tribunales de arbitraje “reconoció” al Gobierno Interino, al considerar que Venezuela solo podía ser representada por Maduro.
Con lo cual, en realidad, la ilegitimidad del Procurador de Maduro no fue una defensa que admitieron los tribunales arbitrales. Incluso, en el caso Valores Mundiales, el Gobierno Interino alegó que la representación de Venezuela por Maduro, en los tribunales arbitrales, era ilegítima. Pero la Corte de Distrito de Washington D.C. negó esa defensa.
A todo evento, en el caso Crystallex -el primero que llegó a la Corte de Distrito de Delaware- nada de lo anterior era relevante, pues lo cierto es que, para enero de 2019, ya Crystallex había obtenido a su favor un laudo arbitral cuya defensa correspondió a Maduro. Fue bajo el control de Maduro que ese laudo quedó firme y ejecutorio. Es decir, que cuando se reconoció al Presidente encargado, las principales defensas judiciales ya habían sido agotadas, sin éxito.
En cuanto a mi participación en el mencionado caso, siempre he sido muy transparente. En 2017 presenté testimonios como experto independiente para explicar, desde el Derecho venezolano, cómo la autonomía de PDVSA fue violada. En marzo de 2019, apenas el juicio de Crystallex llegó al conocimiento del Gobierno Interno, me inhibí, como corresponde. Desde entonces, la defensa quedó a cargo de la Embajada de Venezuela y la junta ad-hoc de PDVSA. Luego, esa defensa siguió en las manos del Procurador Sánchez Falcón.
Cualquiera puede revisar el expediente del caso de Crystallex, y comprobar cómo Venezuela y PDVSA, desde 2019, han ejercido, con diligencia, todas las defensas del caso. Esto fue así a pesar de que, en 2018, el régimen de Maduro firmó una transacción reconociendo todas las demandas presentadas por Crystallex, en un hecho también condenado por la Asamblea Nacional de 2015. A pesar de todo ello, más de cuatro años después, todavía siguen en pie las defensas judiciales de Citgo, cuando otros activos en manos de Maduro -como la refinería Nynas- se han perdido de manera opaca.
En cuanto a la opción de acudir a la Corte Suprema de Justicia, tenemos que recordar que ya esa opción se intentó en 2020. Pero la Corte Suprema se negó a oír el caso.
Quienes conocen el sistema de justicia de Estados Unidos, saben muy bien que las defensas judiciales deben ejercerse de buena fe y de manera responsable. La táctica dilatoria -como presentar defensas claramente infundadas- es, por ende, una conducta reprochable, que debilitaría la posición de Venezuela frente a las Cortes de Estados Unidos.
Como insistentemente recuerda la Corte de Distrito de Delaware, los acreedores que como Crystallex cuentan con sentencias firmes a su favor, derivadas de la deuda legada de Chávez y Maduro, tienen derecho al cumplimiento de esas sentencias. Desde 2019, las defensas judiciales -ejercidas de manera responsable- han permitido diferir los riesgos sobre Citgo, pero esos riesgos no pueden diferirse para siempre, como explico en mi reciente libro sobre la industria petrolera.
Crear más confusión en un tema tan complejo, desvía la atención del objetivo central: a pesar de las arbitrarias políticas de expropiación de Chávez y Maduro, la pérdida de Citgo no es inminente. Quedan todavía, por delante, varios meses que son fundamentales para consolidar la defensa de Citgo. Para ello, es vital superar los obstáculos políticos que actualmente impiden la integral renegociación consensuada de la deuda pública externa, priorizando la atención de la emergencia humanitaria compleja.
José Ignacio Hernández