Más de 100.000 dólares anuales son recaudados por extorsionar a los migrantes pendulares y en tránsito y a los transportistas que deciden viajar hasta El Amparo, en el estado Apure, para cruzar el río Arauca y llegar a territorio colombiano. El delito, aplicado por funcionarios militares y civiles venezolanos, es recurrente en cuatro alcabalas fijas que dependen de la Guardia Nacional Bolivariana y el Ejército.
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Estos cuatro puntos de control, así como otras alcabalas itinerantes, están ubicadas a lo largo de un trayecto de 100 kilómetros conocido como la “ruta extorsiva de Apure”, tramo de la carretera nacional venezolana Troncal 19, que conecta a San Fernando de Apure con la frontera binacional de El Amparo-Arauca.
Este es uno de los hallazgos de la segunda entrega del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR).
En los llanos venezolanos, una de las rutas para llegar a Colombia es la del puente internacional José Antonio Páez, ubicado al oeste del estado Apure. La estructura, que comunica a la localidad de El Amparo con la población colombiana de Arauca, ambas separadas por el río que lleva el mismo nombre, es el paso formal para transitar entre ambos países.
Pero a lo largo del río, en especial en los alrededores de esta zona, hay cruces informales en canoas que en tiempos de ruptura de relaciones bilaterales se convierten en la única opción de tránsito. Estas circunstancias son aprovechadas por los grupos irregulares colombianos y también por funcionarios venezolanos que buscan lucrarse con la necesidad de quienes deben cruzar.
En este contexto hay una dinámica delictiva que se ha naturalizado y ha dado origen a una “ruta extorsiva” difícil de evadir. Se trata de un tramo de 100 kilómetros de carretera que parte, desde la “Y de Dayco”, sector donde se origina el municipio José Antonio Páez que conecta a las comunidades intermedias de Totumito, Palmarito y Guasdualito con El Amparo.
En este eje carretero se ubican las alcabalas fijas y con frecuencia se instalan algunas móviles, que los migrantes pendulares y en tránsito, así como los transportistas de pasajeros y mercancías, señalan como lugares fijos de extorsión. ¿Los victimarios? Funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, militares y civiles.
En este trayecto, que recorre parte del municipio José Antonio Páez, hay cuatro alcabalas (también llamadas puestos de atención al ciudadano) fijas: “Y de Dayco”, “Totumitos”, “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, en esta última, en ocasiones también participan funcionarios del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) y del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).
Matraca en alcabalas
Tres de cinco funcionarios de los puestos de control entrevistados dan detalles de cuánto dinero pueden llegar a reunir en un mes, exigiendo dinero a los transeúntes como condición de dejarlos continuar su camino. Mensualmente, cada responsable de la alcabala debe entregar, obligatoriamente, no menos de 1.000 dólares al jefe de la unidad.
Si la cifra recaudada es mayor, como suele pasar, el “excedente” se reparte entre los funcionarios. En ocasiones, cuando se trata de una “buena noche”, pueden llegar a reunir unos 5 millones de pesos en una alcabala, equivalentes a poco más de 1.200 dólares. Estos cobros por extorsión también son llamados “matraca” en Venezuela.
Considerando esa dinámica, la cifra mensual de recaudación por cada alcabala se traduce en unos 2.200 dólares como mínimo, 26.400 dólares al año en cada uno de esos cuatro puntos de control fijos. Entre todos, la recaudación anual puede superar los 105.000 dólares, una cantidad conservadora que no incluye las rentas recaudadas por las alcabalas itinerantes, pero evidencia la magnitud del delito en un trayecto de tan solo 100 kilómetros.
En este último tramo de 100 kilómetros (forma parte de la extensa Troncal 19 que tiene una longitud de 450 kilómetros y atraviesa al estado Apure de este a oeste, para conectar a la capital, San Fernando, con la ciudad de Guasdualito, la capital del municipio fronterizo José Antonio Páez), funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Ejército Nacional venezolano, Policía Nacional Bolivariana (PNB) y Policía Bolivariana de Apure (PBA) también instalan alcabalas itinerantes con fines extorsivos.
Pero los cobros no terminan en esos puntos fijos y móviles. El final de la ruta extorsiva la marcan tres pasos de canoas o puertos ubicados en El Amparo, en la orilla venezolana del río Arauca, conocidos como “Don Elías”, “Los Indios o Metoquina” y “Costa del Caño”. De acuerdo con los entrevistados en la zona, estos son los más activos en la dinámica extorsiva.
Los cobros de dinero, casi en su totalidad en moneda colombiana, pasan a ser parte del sustento de los funcionarios de seguridad, así como de las instituciones militares y gubernamentales de Venezuela.
La alcabala “Y de Dayco”, ubicada en el límite de los municipios José Antonio Páez y Rómulo Gallegos está adscrita a la GNB, al igual que “Totumito” y “Puente de Lata”, mientras que el puesto de control “Y de La Victoria” depende del Ejército Bolivariano.
Rentas robadas a los migrantes
En el año 2015, la escasez de alimentos vivida en Venezuela no tuvo precedentes. Las carencias generaron un clima de conflictividad en las calles, saqueos y malestar por la inflación que se encaminaba hacia una hiperinflación que finalmente estalló en noviembre de 2017.
Este contexto generó un flujo importante de migración pendular (las personas que van y vienen entre ambos países) y en tránsito (en su mayoría migrantes venezolanos que huyen del país). Miles de venezolanos comenzaron a cruzar hacia Colombia en busca de alimentos y productos de primera necesidad -primero- y luego para procurarse una mejor vida.
Esto favoreció la instalación de prácticas extorsivas de funcionarios militares y civiles destacados en las alcabalas o puestos de atención fronterizos. La crisis económica también comenzó a afectar a los trabajadores públicos del país.
De acuerdo con el reporte de los conductores de transporte público de la Troncal 19, el número de migrantes, pendulares y en tránsito, ha descendido en casi 90% y no supera las 400 personas diarias. Aunque esto ha significado una merma del número de víctimas de extorsión, no ha disminuido la práctica extorsiva de los funcionarios militares y civiles destacados en las alcabalas. Según los testimonios de seis transportistas, se ha intensificado y envilecido con el reducido número de pasajeros y mercancía movilizada por la “ruta extorsiva de Apure”.
Dos líneas de transporte público que realizan viajes todos los días desde San Fernando hasta Guasdualito transportan 252 pasajeros semanales, de los cuales 70% son migrantes en tránsito y el restante 30% son migrantes pendulares. Además, reportan que el número de sus pasajeros ha descendido en más de 80% con respecto a las más de 120 personas que movilizaban diariamente hace seis años atrás, el período de mayor afluencia.
La extorsión a los migrantes pendulares, por lo general, ocurre durante el retorno de la ciudad colombiana de Arauca hacia el interior del estado Apure. Usualmente los comerciantes informales compran mercancía colombiana para revenderla en Venezuela y la transportan en sacos dentro del autobús.
La extorsión se solicita en dinero o con una porción de la mercancía trasladada y, aunque la cantidad es relativa, no suele ser menor a 20 dólares en efectivo o su equivalente en especies. De Apure hacia Arauca el expolio es menor, sobre todo a migrantes en tránsito. La mayoría de las extorsiones están asociadas a la ilegalidad de los documentos o ausencia y mercancía de contrabando, indicaron seis transportistas y dos funcionarios policiales activos.
Los documentos, una excusa
La alcabala de “Puente de Lata”, ubicada en la entrada de El Amparo, es casi la última en la cadena extorsiva antes de ingresar a Arauca, en sentido hacia Colombia, y una de las primeras para entrar a Guasdualito, en sentido hacia la capital del estado Apure.
Esta ubicación facilita a los funcionarios condicionar el libre tránsito a los migrantes pendulares y transportistas. Es la de peor reputación. La más temida. La mayoría de las denuncias de los entrevistados consultados tienen que ver con este “punto de atención al ciudadano”, irónicamente.
“Puente de Lata” está a cargo de funcionarios de la GNB, pero suele haber presencia de la Policía de Migración de la PNB, de agentes del Seniat y del Saime. Las principales armas de los funcionarios en esta alcabala son el miedo y el desconocimiento, como le ocurrió a una señora a quien un policía de migración le pidió 50.000 pesos colombianos (12 dólares), porque su hijo de 17 años no portaba la cédula de identidad sino la partida de nacimiento. “Ella se fue en llanto de la impotencia y de ver que el funcionario los dejó hasta sin pasaje”, relató un familiar de la víctima.
Cuando se trata de migrantes en tránsito, aquellos venezolanos que se van del país sin planes de volver, la extorsión es propuesta por los funcionarios cuando falta algún documento de identidad de los adultos y de los niños, según indicaron 51 personas entre víctimas y testigos de los 60 entrevistados.
El “matraqueo”, como llaman en Venezuela a la extorsión de los funcionarios militares y policiales, se ha normalizado tanto en la frontera de El Amparo-Arauca que los pequeños comerciantes que buscan productos en Colombia para revender ya saben lo que deben dejar en estas alcabalas: un desodorante, una pasta dental y un jabón de baño por un saco de mercancía es lo mínimo para evitar decomisos. No hay tarifa fija, todo se establece a criterio del funcionario, de acuerdo con las decenas de víctimas y testigos consultados.
En la frontera binacional, cuando se trata de alimentos, la extorsión puede ser cobrada por los kilos. Tres habitantes de Guasdualito, que viajaban con carne de res y de cochino (entre 10 y 50 kilos), debieron pagar 1.000 pesos colombianos (0,24 dólares) por cada kilo en “Y de La Victoria” y “Puente de Lata”, así como en los pasos de canoa donde la extorsión de los funcionarios de la GNB, Infantería de Marina y Policía Nacional Bolivariana es conjunta con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo irregular colombiano.
Cadena de mando, cadena de favores
Las alcabalas fijas y móviles dispuestas por los entes de seguridad en la frontera del lado venezolano, en el municipio José Antonio Páez de Apure, se han convertido, desde el año 2015 hasta la actualidad, en una fuente de enriquecimiento para el sector militar, tanto comandantes generales como funcionarios de menor rango.
Los comandantes de los cuerpos de seguridad asignan personal de confianza en alcabalas estratégicas donde se produce dinero, como en las poblaciones de El Nula, Ciudad Sucre, La Victoria, El Amparo y Guacas de Riveras, del municipio José Antonio Páez. Cada alcabala debe producir por lo menos 1.000 dólares al mes, de acuerdo con tres funcionarios de seguridad consultados sobre el tema.
Un exfuncionario militar confirmó que las estructuras extorsivas de la GNB funcionan en toda la cadena de mando, hasta los niveles más altos. “Eso es una pirámide, ahí las alcabalas reportan a los comandantes de compañía, los comandantes de compañía al destacamento, el comandante de destacamento lo reporta al Comando Regional y así sube. No trabajan aislados, los hombres claves dependen del principal, estos se mueven con su gente de confianza, que son patria o muerte para poderse cuidar”.
Complicidad en los pasos de canoas
El pago de la extorsión para el traslado de mercancía comienza cuando la canoa está cargada en los pasos fluviales del río Arauca y llega a la orilla venezolana, situada en El Amparo. Allí se debe hacer el pago al militar de la Marina, a la GNB y al guerrillero del ELN que suele estar presente.
Posteriormente, cuando los migrantes pendulares deciden montar la mercancía en el carro, comienza otra etapa en la cadena extorsiva, pues saben que deben pagar altas sumas de dinero a los policías de El Amparo, a la Guardia y al Ejército en las alcabalas para poder transitar, como se ha explicado anteriormente.
En los pasos de canoas o puertos conocidos como “Don Elías”, “Los Indios o Metoquina” y “La Costa del Caño”, en la orilla venezolana del río Arauca (El Amparo), la extorsión se desarrolla de forma conjunta entre funcionarios de la GNB, Infantería de Marina, PNB y el grupo armado irregular colombiano Ejército de Liberación Nacional, aseveraron víctimas y pobladores durante el monitoreo realizado por equipo de reporteros en la zona.
En cada uno de estos pasos de canoa, además de un “potero” también suele estar un funcionario de la GNB, otro de la Marina y un policía, monitoreando la actividad de las más de 50 canoas que prestan el servicio de transporte fluvial entre El Amparo y Arauca.
Existen dos maneras de extorsionar en estos puertos de canoas, según detallaron las víctimas y los lugareños de la frontera. La primera se produce con el cobro individual por cada saco de mercancía trasladado entre Arauca y El Amparo. La segunda, por la mercancía al mayor que los comerciantes venezolanos compran en Arauca e ingresan a Venezuela.
A pesar de la reducción en aproximadamente 90% del flujo migratorio y de transporte de mercancía por la carretera de San Fernando de Apure hasta Arauca, la Personería de Arauca informó que en 2022 ingresaron a este departamento 40.205 personas y otras 23.800 salieron de esta localidad a través de cinco pasos fronterizos. De esta cantidad, se estima que más del 50% sufrió una extorsión en alguna de las alcabalas de la “ruta extorsiva de Apure” o en los pasos de canoa venezolanos.
Para ese mismo año 2022, también según datos de la Personería de Arauca, habitaban 80.443 venezolanos en este departamento colombiano, el segundo más poblado de Colombia después de Cundinamarca, cuya capital es Bogotá y donde residen casi 400.000 venezolanos. Para llegar a Arauca, obligatoriamente, estos venezolanos transitaron la “ruta extorsiva de Apure” y sufrieron el impuesto verde oliva de la extorsión.
* Este reportaje es parte del proyecto transfronterizo “Apure-Arauca, Sociedad Anónima”, investigación periodística auspiciada por el Consorcio para Apoyar al Periodismo Independiente en la Región Latinoamericana (CAPIR)
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