Más de 320.000 migrantes que viajan hacia EE.UU. han cruzado este año la jungla del Darién, la peligrosa frontera entre Panamá y Colombia que sirve de entrada a Centroamérica desde el sur del continente. Se suman a ellos los 1.500 centroamericanos que parten cada día, así como cubanos y asiáticos que llegan en avión a países del istmo y siguen por tierra hacia el norte. Todos en busca del “sueño americano”.
“El reto para dar respuesta en términos de protección y asistencia humanitaria a este enorme tránsito de personas es monumental”, dice a EFE Iván Aguilar, gerente humanitario y resiliencia de la ONG global Oxfam en Centroamérica.
Las capacidades de organizaciones como “Oxfam, otras de índole local y de algunas dependencias de los gobiernos que están en los puntos críticos de la ruta migratoria centroamericana están totalmente sobrepasadas”, advierte.
Y los recursos disponibles “para dar atención son absolutamente insuficientes”, agrega el representante de Oxfam, que está presente en 87 países, cuatro de ellos en Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Costa Rica.
“Solo de países centroamericanos -Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua- salen diariamente unos 1.500 migrantes” hacia Norteamérica, según el registro de los diez últimos meses, señala. Esto da un total de 450.000 personas en ese periodo.
La cifra de 320.098 migrantes irregulares que cruzaron el Darién entre el 1 de enero y el pasado lunes no tiene parangón desde que comenzó esta crisis en 2015, con miles de cubanos atravesando el istmo. También es inédito el número de 68.340 personas en tránsito por la selva solo en los primeros 28 días de este mes de agosto.
José Lobo, coordinador de terreno de Médicos sin Fronteras (MSF) en el Darién, comentaba el pasado viernes que el alza de migrantes en tránsito por la selva “ha sido tan grande, que tanto las comunidades de acogida como la capacidad de las organizaciones” en las estaciones de recepción migratoria establecidas por Panamá “se han visto desbordadas”.
En esas estaciones se toman los datos biométricos a los migrantes y se les ofrece asistencia médica y de alimentación, una operación única en el continente en la que se ha invertido en los últimos años casi setenta millones de dólares, según las autoridades panameñas.
Panamá, que estudia nuevas medidas en la frontera con Colombia ante la avalancha migratoria, ha acusado a los países del sur de América de dar la espalda al problema.
UNA CRISIS EN AUMENTO
La crisis migratoria se ha agudizado a medida que avanza el tiempo. Antes del 2019 “el promedio de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos (con México) era de alrededor de 489.000 personas”, mientras que en 2022 llegaron “a 2,3 millones de personas” y todo indica que este 2023 se superará esa cifra, prevé Aguilar.
Al menos el 86 % de todas estas detenciones en la frontera sur corresponden a personas procedentes de once países latinoamericanos: 41 % de México, del 22 % al 30 % (dependiendo del año) del norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua) y el resto, de países suramericanos y caribeños, según datos de Oxfam.
Es previsible que el “flujo incesante” de migrantes irregulares en Centroamérica “continúe, tal como lo hemos visto en los últimos cinco años”, porque sus causas no se solucionan en el corto plazo.
“Hay una serie de impactos que están sufriendo los medios de vida” de estas personas que han tomado la “difícil decisión” de salir a enfrentar todo tipo de peligros, porque en sus países, los Gobiernos, algunos de ellos autoritarios, “son cada vez menos capaces de ofrecer soluciones”, afirma Iván Aguilar.
MÁS COMPROMISOS DE LOS GOBIERNOS
Es por ello que las medidas que implican restringir el tránsito de estos viajeros, lejos de solucionar lo que hacen es obligar a las personas “a buscar opciones más peligrosas y caer en redes criminales que controlan territorios donde las autoridades no tienen influencia, que son muchos” en el continente, agrega.
“Lo que corresponde es apelar a la responsabilidad de los Gobiernos de donde son originarias estas poblaciones” forzadas a migrar, y “de los países de tránsito, que tienen que asumir su responsabilidad de garantizar, hasta donde sea posible, condiciones dignas de protección y de asistencia”, opina el representante de Oxfam.
Estados Unidos “tiene un rol fundamental en la gestión de la crisis migratoria”, toda vez que “demanda una enorme cantidad de mano de obra en los sectores de servicios, construcción y agricultura”.
“Ahí puede haber una oportunidad grande para ofrecer visas o permisos temporales de trabajo que permitan que mucha gente acceda y pueda cubrir la necesidad”, agregó.
Hay sectores en Estados Unidos conscientes de esto. Este miércoles más de un centenar de grandes empresarios y hombres de negocios de Nueva York pidieron al Gobierno federal y a las cámaras legislativas que aceleraran la regularización de los inmigrantes.
“Hay escasez de trabajadores en muchas industrias de país, en las que los empleadores están dispuestos a ofrecer empleo a personas con permisos de trabajo”, y al mismo tiempo “una necesidad apremiante de acelerar el proceso de solicitud de asilo y permisos de trabajo para los (inmigrantes) que reúnan los requisitos”, señalaron los empresarios en su carta. La ecuación -sin embargo- sigue son resolverse. EFE