No quiero entrarle al trapo condenando o absolviendo a ninguna de las partes, me quiero centrar en la utilidad que tendrían esos altos decibeles si se encendieran para denunciar acontecimientos en los que mujeres de cualquier parte del mundo se ven atropelladas, vejadas y violentadas en sus más elementales derechos humanos. Que bien le harían a las mujeres víctimas de explotación sexual, por ejemplo, que se prendieran esas alertas que ahora suenan en España, cuando se cruzan acusaciones entre el señor Rubiales, quien “argumenta que el beso fue consentido” y muestran un video en el que la jugadora lo eleva algunos instantes en señal de confianza mutua, y a su vez, la estrella del equipo ganador de la copa en Australia niega tal alegato de Rubiales.
El periodista Gabriel Aquino nos compartió el pasado martes un conmovedor reportaje elaborado en la ciudad de El Salvador, en el que reproduce el relato de una pareja de venezolanos que, entre sollozos, describen como “un infierno” que les repugna recordar, con escalofriantes escenas que van desde violaciones sexuales a mujeres y hombres y otras agresiones hasta canibalismo de aborígenes en el Darién, Panamá. Lo que escribió Gabriel Aquino, versa sobre de la tragedia que padecen millones de venezolanos (mujeres, niños, hombres, ancianos) que protagonizan el descomunal éxodo que pone a recorrer por todos los continentes del mundo a seres humanos despavoridos por el infortunio que tiene su punto de origen en Venezuela. ¡Qué gran apoyo sería para esas víctimas que la comunidad internacional desencadenara un debate para hacer saber tales desmanes!
Si los mismos centimetrajes o espacios mediáticos se los dedicaran a denunciar, por ejemplo, “la red detectada en el estado de Apure, relacionada con poderosos militares, empresarios venezolanos y algunos extranjeros, que utilizan a jovencitas de entre 13 a 16 años en la explotación sexual, de niñas que eran ofrecidas en ‘reuniones sociales’ a sus potenciales clientes”. Toda esa repugnante historia fue publicada en el sitio de noticias Infobae. En este portal noticioso se da cuenta de “reuniones sociales en las que se ofrecían, a los eventuales clientes, los catálogos con las fotos de jovencitas y algunos jovencitos”.
En Cuba las trabajadoras por cuenta propia se enfrentan a reiteradas violaciones de sus derechos laborales sin que el estado haga mucho hincapié en solucionar cuestiones tales como la discriminación por raza o sexo, ¡Que bueno sería que esas violaciones se denunciaran con esa misma intensidad con que se ha hecho con el caso del “beso de Rubiales”. El año pasado, según Cubadebate, “más de 250 mil Trabajadoras Cuentapropistas pidieron la suspensión temporal de sus licencias, de una cifra de 600 mil que ejercían en la Isla. De estos, el 30 % se corresponde con jóvenes insertados en el sector y un 35 % lo integran las mujeres”.
Un informe de la Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) de la CIDH cita condiciones socioeconómicas desfavorables que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, como “el aumento exponencial de la pobreza, el deterioro de servicios públicos esenciales, la aguda escasez de alimentos y productos de primera necesidad, las restricciones a la libertad de elección profesional, así como vulneraciones a los derechos laborales, el empeoramiento de las condiciones en Cuba para el goce pleno de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de las mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad”. En dicho informe se instó al régimen cubano a “implementar los estándares interamericanos y los principios de indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos para lograr este propósito”. REDESCA recoge las versiones de mujeres que trabajan en el sector informal, y que ‘evidencian la violencia ejercida contra las mismas, y la persistencia de estereotipos de género que perpetúan los roles de cuidado y las tareas del hogar como un deber y una responsabilidad no remunerada, lo que contribuye con mantener la brecha de género”.
Que útil seria que se pusiera al servicio de la defensa de los nicaragüenses afectados según “un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas”, en el que se concluyó que el Gobierno de Daniel Ortega comete “violaciones generalizadas de derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad contra civiles motivados por razones políticas”. El reporte contabilizó al menos 3.144 organizaciones de la sociedad civil que fueron clausuradas desde diciembre de 2018 y “prácticamente” todos los medios de comunicación independientes y organizaciones de derechos humanos operan desde el exterior.
Lo que espero lograr con estas comparaciones, es llamar la atención de la comunidad internacional sobre estos dramas que merecen tener una repercusión que este en concordancia con la gravedad de las violaciones de los derechos humanos que se continúan perpetrando ante la indolencia de muchos.
@AlcaldeLedezma