![](https://mnwey.awslvpni.com/wp-content/uploads/2023/09/dfgdfgdfgdfg-1.jpg?resize=640%2C349)
Jubilados y pensionados acudieron este miércoles 6 de septiembre a la Defensoría del Pueblo en Carabobo para consignar un documento en el que exigen respeto a los derechos humanos, y sueldos y pensiones que les permitan vivir con dignidad.
Corresponsalía lapatilla.com
Maritza Sifontes, enfermera y delegada principal de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela para Carabobo, indicó que resulta vulnerado el derecho a la salud y la alimentación, debido a que la pensión de 130 bolívares no alcanza para cubrir gastos básicos.
“Denunciamos la emergencia en salud, ya que los servicios no funcionan, y si vamos a un hospital, tenemos que llevar todos los insumos. También está la emergencia humanitaria, en la parte alimenticia vemos cada día a los adultos mayores en las paradas de autobuses buscando algo que comer”, expresó.
Dalia Flores, pensionada y jubilada del sector salud, contó que se debate entre comprar los alimentos o las medicinas que necesita para controlar sus enfermedades crónicas. Afirmó que al revisar su cuenta bancaria siente indignación y desespero.
“Estoy haciendo magia con 130 bolívares al mes, no sé qué hacer: si comprar los alimentos o medicinas. Estamos en una situación de exterminio, no nos lo merecemos. He dejado de comprar proteína. Soy hipertensa, tengo problemas de tiroide y en la vista. Cuando compro un medicamento, dejo de comprar el otro y se desestabiliza mi sistema de salud. Estamos en un país donde existen todos los recursos para que el jubilado y pensionado tenga una vejez digna”, manifestó Flores.
Por otra parte, la delegada principal de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela para Carabobo, denunció que a los jubilados y pensionados venezolanos que se encuentran en el exterior, no cobran el beneficio desde hace seis años.
Apuntó que este 6 de septiembre en más de 20 países se está entregando un reclamo en distintas instancias de derechos humanos.
“A estos jubilados que se fueron del país, no les cancelan sus pensiones porque fueron retiradas por decreto presidencial. Estas pensiones de 130 bolívares le pertenecen a cada uno de ellos y de nosotros, porque nos los hemos ganado por más de 30 y 40 años de servicio y por las más de 752 semanas cotizadas en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales”, destacó Maritza Sifontes.
Asimismo, hizo un llamado al Ministerio de Salud y al Instituto Carabobeño para la Salud (Insalud) a cancelar las prestaciones sociales que les deben a los trabajadores desde el año 2017.