Los migrantes venezolanos que fueron expulsados el mes pasado en una deportación masiva han vuelto a entrar ilegalmente en Trinidad y Tobago.
Por News Day / Traducción libre al castellano por lapatilla.com
Sus abogados les han aconsejado que se entreguen a la policía.
Los abogados Criston J Williams y Blaine Sobrian, del bufete Quantum Legal, escribieron el jueves a la Comisaria de Policía Erla Harewood-Christopher para informarle de las acciones de sus clientes.
También se enviaron copias de la carta al Director de la Fiscalía, al Primer Ministro, a la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la Autoridad de Denuncias contra la Policía.
El regreso de los 46 se produce después del del refugiado venezolano Juan Manuel Acosta, que volvió a TT cinco días después de ser expulsado el 12 de agosto.
El jueves, Acosta se reasentó en Estados Unidos. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) había aprobado su reasentamiento allí.
Ahora, los abogados de los 46 han vuelto a pedir a la CdP que investigue al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds, por crímenes contra la humanidad por firmar su orden de expulsión.
Afirman que se les obligó a firmar órdenes de expulsión bajo amenaza de encarcelamiento y que no se les concedió el derecho, como solicitantes de asilo, a impugnar su denegación, tal como establece la Ley de Inmigración.
“Los denunciantes también desean presentar denuncias contra el Ministro en relación con los delitos previstos en los artículos 30A(1)(vii) y 30B de la Ley de delitos contra la persona. 4.43.”
Dicen que la conducta del ministro les causó angustia. Hinds y la División de Inmigración también fueron acusados de participar en actos para “pervertir el curso de la justicia pública”.
Sostienen que “la total elusión del procedimiento previsto en la Ley de Inmigración por parte del ministro y de la División de Inmigración para llevar a cabo su precipitada deportación fue premeditada para obstruir una investigación policial sobre los tejemanejes del helipuerto y para ocultar al Servicio de Policía de TT la comisión de graves delitos perpetrados en el mismo a manos del ministro, la División de Inmigración y otros funcionarios del Estado”.
“Sostienen que su deportación haría y ha hecho prácticamente imposible, tanto práctica como legalmente (hasta cierto punto), presentar una denuncia o aportar pruebas de conductas delictivas relacionadas con el helipuerto sin incurrir en graves perjuicios. ”
Los abogados pidieron a Harewood-Christopher que “ordene, coordine y supervise una investigación penal, inmediata y sin demora, en el Ministerio de Seguridad Nacional y la División de Inmigración en relación con el informe de los denunciantes que alegan conductas delictivas por parte del Ministro, la División de Inmigración y/o el personal de inmigración”.
También pidieron un informe exhaustivo sobre las investigaciones policiales y que el comisario exponga los motivos si no hay investigaciones penales o si no se presentan cargos penales contra el ministro.
Acosta y los 46 se encontraban entre los aproximadamente 200 venezolanos detenidos en una redada en el bar Apex de St James el 9 de julio.
El tribunal ordenó la puesta en libertad condicional de algunos de ellos, y 98 fueron expulsados el 12 de agosto, incluidos Acosta y los 46.