La Corte de Constitucionalidad de Guatemala (CC), máximo tribunal, ordenó este sábado garantizar la toma del poder del presidente electo, Bernardo Arévalo, acosado por una serie de acciones judiciales que obstaculizan su investidura en enero próximo.
En su resolución, la CC pidió “preservar el régimen democrático del Estado, especialmente la alternabilidad en el ejercicio del poder”, en la fecha prevista del 14 de enero, tras las elecciones generales disputadas en primera y segunda ronda, en junio y agosto pasados.
El fallo de la Corte, divulgado en su cuenta en la red X (antes Twitter), se produce luego de cinco días de protestas con bloqueos de carreteras que exigen la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y otros funcionarios, acusados por Arévalo y sus seguidores de orquestar un “golpe de Estado”.
La CC emitió su resolución en respuesta a un recurso legal promovido por diez abogados de la sociedad civil, que aseguraron que existe una “amenaza de que no se respete la voluntad popular válidamente expresada por el pueblo de Guatemala”.
“Esta Corte hace un llamado a gobernantes y gobernados a ejecutar sus facultades y ejercer sus derechos de manera tal para que la transición prevista en la Constitución se consolide en el marco de un orden institucional estable que previó el Constituyente”, agregó.
Con su promesa de lucha anticorrupción, Arévalo, de 64 años, ganó sorpresivamente las elecciones en segunda vuelta el 20 de agosto ante la exprimera dama Sandra Torres, cercana a la poderosa élite empresarial aliada del gobierno.
Pero desde la primera ronda electoral, en junio, la fiscal general, apoyada por el jefe de la fiscalía contra la impunidad, Rafael Curruchiche, y del juez Fredy Orellana -los tres incluidos en una lista de dirigentes guatemaltecos “corruptos” y “antidemocráticos” elaborada por Estados Unidos- emprendieron una serie de acciones contra Arévalo y su partido político, Semilla.
El juez Orellana, a pedido de Curruchiche, inhabilitó a Semilla por presuntas ilegalidades en su conformación en 2017, una medida que puede cobrar vigencia el 31 de octubre.
Almagro, mediador en las protestas
Los bloqueos para exigir que cesen las acciones contra Arévalo y su partido se iniciaron el lunes tras allanamientos de la sede del tribunal electoral, donde funcionarios de la Fiscalía decomisaron actas electorales argumentando que investigan supuestas anomalías en los comicios.
Medio centenar de rutas del país siguen paralizadas este sábado, afectando tramos de carreteras estratégicas como las que conducen a las fronteras con México, El Salvador y Honduras, y alcanzan también a la capital.
“Si el paro en las carreteras se mantiene va a ser impactante. Por eso esperamos que la situación pueda calmarse”, declaró a la AFP el presidente de la Asociación de Transportes Internacionales de Carga (Asctic), Raúl Alfaro.
Ondeando banderas guatemaltecas, decenas de estudiantes cortaron con autobuses, cintas y pancartas dos avenidas principales aledañas a la universidad, en el sur de Ciudad de Guatemala.
“¡Fuera corruptos!”, “¡Mi voto se respeta!”, son algunas de las consignas coreadas por los manifestantes. “Basta ya, el pueblo soberano eligió”, se lee en pancartas.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció este sábado que mediará entre el gobierno y sectores sociales que mantienen las protestas, tras una solicitud enviada el viernes por el ministro de Relaciones Exteriores Mario Adolfo Búcaro.
“Aceptamos solicitud del gobierno de Guatemala para efectuar tareas de mediación entre los sectores sociales involucrados en las protestas y el gobierno”, afirmó Almagro en X.
Jorge González, de la autoridad indígena de Alta Verapaz, quien participaba este sábado en una manifestación en la capital guatemalteca advirtió que “cuando renuncie (Porras) vamos a estar abiertos al diálogo”.
“Nosotros vamos a seguir en las calles, esta presión va a seguir”, enfatizó González.
La OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y oenegés internacionales han expresado su preocupación por la situación en Guatemala, al considerar que peligra la democracia y la gobernabilidad de este país centroamericano agobiado por la pobreza, la violencia de las pandillas y la corrupción.
AFP