Las redes digitales le hablan con contundencia y precisión al Fiscal General de la República. Por decir lo menos, las preguntas constantes y estelares son: ¿Dónde está el otro Tarek? ¿Cómo fue posible Tocorón, sumado el extraordinario sistema de túneles? ¿Y los presos políticos, agregado el retardo judicial?
Cierto, el país del siglo XX sabía de José Rafael Mendoza y Tulio Chiossone, entre otros insignes penalistas con los que estaba familiarizado a través de la prensa. Y, ahora, apenas reconocido Alberto Arteaga Sánchez, gracias a la enorme (auto)censura y bloqueo informativo, se le supone ignorante, inmensamente ignorante en la materia. Sin embargo, reaccionando airadamente por la investigación decidida en los círculos oficialistas sobre las consabidas primarias, realizadas tan exitosamente, demuestra muy bien que sabe distinguir entre el hecho delictivo y el que no lo es, dejando al descubierto los poderes salvajes en una sociedad que la desean profunda y tenazmente iliberal, intuyendo poderosamente las enseñanzas de Luigi Ferrajoli.
Sólo ha faltado el consabido latinazo para dejar claramente establecido que los hechos punibles deben estar previstos expresa y lo más exactamente posible en la ley formal, por lo que no pueden gritar fraude quienes tampoco gozan de legitimidad para la temeraria denuncia o acusación. El bien político para los prohombres del régimen, mal para el resto de los mortales que los padecen, es contrario, radicalmente contrario al bien jurídico de la normativa penal vigente, y también contrario a los principios esenciales del derecho penal moderno y garantista que desean hacer añicos tijereteándolo: se llevan por el medio una larga tradición jurídica que se les resiste, pero – igualmente – los argumentos, o, mejor, las consignas que pregonaron en el proceso constituyente de 1999.
Hicieron todo lo posible para que los comicios primarios fracasaran, e, incluso, trastocado completamente el directorio del CNE, los nuevos titulares cumplieron con el lineamiento miraflorino al dejar por sentado expresamente, a última hora, intentando confundir a la oposición, que únicamente esa instancia tenía competencia para dirigir cualesquiera procesos electorales del país. Ocurre que no hubo un oficial, manifiesto e inequívoco pronunciamiento y suspensión por el organismo electoral, y, ahora, sorprendidos por lo que todo el mundo sabía, no otra cosa que la masiva concurrencia y la sufragada decisión ciudadana, tratan de inventar delitos donde no los hay.
Valga acotar, la Comisión Nacional de Primarias la encabezan dos distinguidos y reconocidos juristas del país, y, específicamente, la vicepresidente es una destacada especialista en materia penal con una brillante carrera judicial, añadida las corajudísimas responsabilidades que cumplió para combatir el narcotráfico. Siendo ambos motivo de orgullo para los venezolanos al desempeñar con sobriedad y transparencia tan cara tarea ciudadana, constituye una temeridad denunciarlos o acusarlos de fraude u otro delito de caprichosa ocurrencia.
El caso está en que los altos círculos del poder deben explicarse ante sus más ciegos, fanáticos u obsesivos seguidores, fracasado el sabotaje de las primarias, requeridos de una mínima racionalidad y aventurada legitimidad que las buscan desesperadamente en el campo del derecho penal, como no la consiguen en el de la estrategia y la táctica políticas. Aceptemos que una cosa es lo que se dice y, muy otra, lo que se practica, siendo ésta – por su continuidad, persistencia y eficacia – la razón operativa, en los términos de Michel Foucault: la explicación para los suyos consiste en que sí no la ganan, la empatan o la arrebatan, siendo determinantes los efectos y usos foucaultianos que van más allá de los medios, estrategias y fines weberianos.
Desvirtuada, una disciplina tan exigente sufre los rigores de regímenes de una evidente vocación totalitaria. Llegará el momento de recuperar la limpia tradición del derecho penal en Venezuela.