Otra vez la Jueza de Terrorismo Grendy Alejandra Duque Carvajal realizó un juicio evacuando pruebas a través de llamadas telefónicas que hizo a funcionarios de la DGCIM, “quienes no sabían, o tenían escaso conocimiento del caso alegando que solo prestaron seguridad en el procedimiento.
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
Las credenciales de los funcionarios no coincidían con las del expediente”. Se repite, como en otros casos, la figura del testigo estrella o patriota cooperante. El supuesto material incautado fue destruido. Los funcionarios de la DGCIM declaran a través de llamadas telefónicas.
Los imputados fueron torturados psicológicamente, se les violentó el debido proceso y se les negó la defensa durante meses. Así es el caso de tres militares retirados y un policía activo, condenados el 9 de mayo 2023; por Ley la juez debió publicar la sentencia hasta 10 días después, pero van casi seis meses de espera.
Aun no eran las 5 de la tarde cuando el 18 de diciembre 2020, fueron detenidos, en un procedimiento controlado por parte de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Coronel (Av) Eddy Carlos Jordán Azavache (68 años), su hijo el S/2 (Av) Gabriel Alejandro Jordán Padrón (30) y el My (Ej) Niuman Rafael Sequera Gómez (47); todos retirados de la Fuerza Armada. Además del funcionario activo de la policía del estado Miranda, Jairo Eliezer Gutiérrez Belisario (49).
Horas antes había sido aprehendido Alirio de Jesús Ochoa Gil (67), en posesión de fulminantes eléctricos que es un material de uso minero, el cual habría comprado legalmente porque poseía las facturas de compra.
Cuando la Dgcim chequea el teléfono móvil de Ochoa se percata que la última llamada realizada fue al funcionario de la Policía, Gutiérrez, quien conocía al coronel, y se había ido a compartir con unos amigos en la zona de la urbanización Rosaleda Sur, municipio Salias, estado Miranda. Ante esa información, los funcionarios de Dgcim, fueron hasta La Rosaleda donde detienen a los tres militares.
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