La Suprema Corte de Estados Unidos pareció inclinada el martes a ratificar una ley federal que prohíbe a personas con orden de restricción por violencia doméstica a poseer armas de fuego.
En la decisión, la Corte dominada por conservadores dijo que de ahora en adelante autorizará solo excepciones “razonables” al derecho a portar armas, garantizado en la Segunda Enmienda de la Constitución, y que se basará en precedentes históricos para regular las armas de fuego.
Cortes menores se han visto en problemas para determinar si las restricciones que se presentan ante ellas son consistentes con precedentes en “la historia y tradiciones de Estados Unidos” que datan de finales del siglo XVIII y XIX.
Sobre la base de esa decisión, una corte de apelaciones conservadora determinó en marzo que la ley federal que prohíbe la tenencia de armas a personas con restricción por violencia doméstica es inconstitucional, por falta de un precedente histórico.
La procuradora general Elizabeth Prelogar pareció encontrar una audiencia receptiva el martes entre los jueces liberales y conservadores sobre la ratificación de la ley federal.
“Una mujer que vive en un hogar con un abusador doméstico tiene cinco veces más probabilidad de ser asesinada si él tiene acceso a un arma”, dijo Prelogar.
Añadió que “el Congreso debe desarmar a aquellos que no sean ciudadanos responsables respetuosos de la ley”.
Citó el caso de menores, personas con enfermedades mentales, delincuentes, drogadictos, entre quienes tienen prohibido poseer armas.
En el caso que se presentó ante la Corte, la policía recuperó una pistola y un rifle durante una inspección en la vivienda de Zackey Rahimi, en Texas, quien había estado implicado en cinco tiroteos en dos meses y fue objeto de una restricción por violencia doméstica por cuenta de su exnovia, en la que se le prohibía poseer armas.
Unos 100 activistas por el control de armas se manifestaron con carteles con el mensaje “Desarmen abusadores domésticos” afuera de la Suprema Corte, mientras los jueces escucharon por cerca de 90 minutos la argumentación oral en el caso.
Se espera que la Corte falle sobre el asunto el próximo año. AFP