Con contadas excepciones, la mayoría de los políticos venezolanos nunca se han interesado en entender el entramado operacional, comercial y geopolítico de la industria petrolera, esto a pesar de la dependencia vital de la economía nacional y de sus eventuales gobiernos de los vaivenes de esa industria: lo asimilaban más a la actividad de abrir y cerrar un grifo de una corriente subterránea de oro negro.
Esa sobre simplificación, producto de la falta de interés real más allá de la renta que usufructuaban del petróleo, redundó a lo largo de nuestra historia en decisiones dirigidas más a sumar a los intereses políticos de los gobiernos de turno que al desarrollo de una industria moderna que pudiera competir en el difícil mercado internacional y que se imbricara con el aparato productivo nacional, a la Noruega o a lo Texas, por solo nombrar los ejemplos más conocidos. Quizás el momento más preclaro que ha tenido el “establishment político” en referencia al petróleo en la etapa post-nacionalización fue cuando decidieron no oponerse (más que apoyar) a la Apertura Petrolera en la década de los noventa del siglo XX, presionados como estaban por la crisis económica de turno.
Nada de lo que ocurrió en el siglo XX se compara con la temeridad ignorante de la política petrolera del gobierno del presidente Hugo Chávez Frías, quien hizo un esfuerzo concertado por hacer de la industria petrolera, y en particular PDVSA, un instrumento partidista. Para lograr controlar y someter a la empresa estatal, PDVSA, Chávez creó una crisis continuada desde su acceso a Miraflores, que terminó con el despido de más de veinte mil empleados, entre gerentes, técnicos y personal administrativo -estamos seguros de que la crisis tenía otras soluciones-. Poco entendía Chávez, o no le importaba, que con sus acciones comprometía el futuro, no solo de la empresa, sino del país.
“Sin cambios sustantivos en las condiciones de borde, que tomarán tiempo y un cambio político, que hoy todavía es solo una esperanza, es poco probable que la magia dé resultados, a pesar de la flexibilización de las sanciones”
Posteriormente, ya en control partidista de PDVSA, y por las mismas razones, Chávez expropió contratos, activos y empresas. Las repercusiones todavía se están sintiendo en la caída estrepitosa de la producción, la crisis financiera y la destrucción del tejido moral y operacional de PDVSA: “mató a la gallina de los huevos de oro”, como se dice popularmente. Obviamente, ninguno de sus asesores entendían las complejidades de la industria de los hidrocarburos o en el peor de los casos las entendían, pero poco les importó; otra vez la política por arriba del bienestar nacional.
En este mismo orden de ideas, en la actualidad, existe la creencia en Venezuela, compartida por algunos empresarios, analistas, políticos del régimen y un número importante de miembros de la oposición política, de que una decisión política, en este caso la eventual liberalización de las sanciones económica impuestas por la OFAC, constituye una especie de varita mágica: en combinación con el encantamiento apropiado, la producción de petróleo y gas pueden aumentar a niveles que solo la imaginación de los creyentes puede acotar.
Pero no creamos que esta nueva versión del “petróleo sale solo” se limita a nuestras latitudes. A juzgar por ciertas declaraciones desde Washington, también en el norte hay quienes se suscriben a esta quimera y se la venden al inquilino de la Casa Blanca.
En parte, esta creencia se fundamenta en la historia reciente de las actividades de Chevron en Venezuela, que desde que la OFAC le concedió una Licencia (Licencia General No.41) a finales de noviembre de 2022, para retomar sus operaciones en el país, pareciera haber encontrado la manera de contradecir a los que no creemos en la magia.
La Licencia General No.41, bajo el paraguas de un contrato que no se ha hecho público entre la operadora norteamericana y PDVSA, le permite a Chevron operar las Empresas Mixtas (EM) en las cuales participa (PetroBoscán, PetroIndependencia, PetroPiar y PetroIndependiente), y colocar en el mercado de EE.UU. la totalidad de los crudos producidos; lo que el profesor José Ignacio Hernández ha denominado como una privatización de facto de PDVSA.
Cuando ya era evidente que la licencia estaba en proceso de emisión, Chevron cerró la producción del Campo Boscán, argumentando limitaciones de mercado y de almacenaje. Se trató de una estrategia, legítima, para realzar los resultados de las actividades autorizadas bajo la nueva licencia, y así mostrar una casi duplicación de la producción de 70 Mbpd en octubre 2022 a 130 en marzo de 2023, aunque el grueso de la diferencia correspondía a la simple reapertura del Campo Boscán. El resto del crecimiento provenía de los trabajos de reacondicionamiento y mantenimiento de los campos con la eficiencia de Chevron y no la burocracia ineficaz de las EM manejadas por PDVSA. Desde esa fecha hasta hoy, solo se han agregado unos 12 Mbpd a la producción de las EM de Chevron en Venezuela.
Este “éxito” de producción de la Licencia General No.41, ha apuntalado la creencia de que las licencias de la OFAC pueden, cuál “varita mágica”, hacer que la industria petrolera reviva. Sin poner en duda el real efecto de las sanciones sobre la industria petrolera venezolana, para evitarnos argumentos inútiles, la verdad es que se necesita algo más que un levantamiento las sanciones para retornar a alguna forma de industria en crecimiento. La destrucción de la industria es consecuencia de muchas otras cosas. Recordemos que la producción nacional viene en picada desde mucho antes de las sanciones, y los factores que causaron ese descalabro siguen estando presentes.
Las condiciones de borde que condicionan la operación petrolera, que nada tienen que ver con las sanciones de la OFAC, como suministro eléctrico confiable, presencia de bandas armadas y guerrilleros en el territorio nacional, vandalismo, corrupción e inseguridad jurídica, son hoy un obstáculo insalvable para su recuperación. Además, el presente arreglo institucional y fiscal petrolero hace de Venezuela una de las provincias petrolíferas menos atractivas a la inversión de las operadoras internacionales. Sin cambios sustantivos en las condiciones de borde, que tomarán tiempo y un cambio político, que hoy todavía es solo una esperanza, es poco probable que la magia dé resultados, a pesar de la flexibilización de las sanciones.
Si analizamos las diferentes combinaciones de eventos político/económicos y le solapamos los diferentes rumbos que la liberalización de sanciones pueda tomar, podemos esbozar cuatro escenarios bien definidos, que ilustran la dificultad que enfrenta recuperar la industria petrolera:
El escenario más pesimista, denominado “Más de lo mismo”: Se caracteriza por una continua inestabilidad política en el que el régimen, impopular e ineficiente, se aferra al poder y precipita la cancelación de las Licencias de la OFAC, con la producción de petróleo languideciendo.
El escenario de “Crisis Recurrente”: Corresponde a una transición negociada y lenta, de forma de mantener las licencias, pero las mismas no pueden ser aprovechadas, ya que los que pueden invertir en la recuperación ven un riesgo país muy alto: la producción de petróleo tiene un ligero repunte.
El escenario “Gatopardo”, en el cual una transición política se materializa, pero sin el consenso político que se requiere para romper con dogmas del pasado. Algunos sectores se empeñan en no modificar la institucionalidad actual y se aferran a la idea estatista de recuperar la industria vía PDVSA, hoy financiera y operacionalmente en bancarrota; esto tenderá a descapitalizar al Estado y limitará el crecimiento de la producción de hidrocarburos muy por debajo de su real potencial.
El escenario denominado “Nuevo Horizonte”: Donde los cambios políticos, institucionales, fiscales y la atracción del mayor capital privado se materializan y la industria se dinamiza por la participación del capital privado nacional y extranjero. En ese escenario, en un período razonable (digamos 8 años) la producción regresa a los niveles que tuvo hace ya veinte años -tras una inversión de alrededor de 100.000 millones de dólares americanos.
A manera de ilustración, mostramos en el gráfico siguiente la producción correspondiente a cada uno de estos escenarios. En las curvas podemos ver que las solas licencias tiene un efecto de corto plazo, si no va acoplado a los cambios que ya mencionamos.
Estos escenarios, más que predicciones, son visualizaciones educadas para tratar de comunicar que para que la “magia” funcione, se necesitan condiciones que hoy no existen.
La combinación de la falta de institucionalidad, gobernabilidad y transparencia, aunada a la idea generalizada de que recobrar la industria petrolera es cuestión de licencias, es una verdadera desgracia para Venezuela, pues crea un espejismo que decepcionará. Y si a eso le sumamos la creencia de ciertos actores internacionales de que el país puede, sin un cambio político estructural, convertirse en una pieza crucial en el ajedrez petrolero del hemisferio, perderemos una de las mayores palancas que existen hoy para la recuperación de la democracia.
Este artículo fue publicado originalmente en La gran Aldea el 16 de noviembre de 2023