Los 22 miembros del nuevo Gobierno de coalición en España prometieron este martes sus cargos ante el jefe de Estado, el rey Felipe VI.
En el Palacio de la Zarzuela en Madrid, la residencia real, los miembros del Ejecutivo de coalición entre el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Sumar prometieron respetar la Constitución y mantener lealtad al rey.
Ante un ejemplar de la Constitución y sin símbolos religiosos, los ministros, de ellos nueve que se estrenan, leyeron el texto de la promesa ante el monarca, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, y representantes de otros poderes del Estado como testigos.
El primero fue Félix Bolaños, pues como nuevo titular de Justicia ejercía de notario mayor del reino en la promesa de los demás ministros.
A continuación lo hicieron las cuatro vicepresidentas, en un gabinete con mayoría de mujeres, doce, seguidas de los titulares de los llamados ministerios de Estado y del resto en orden de antigüedad de cada departamento.
Buena parte de ellos remataron el acatamiento remarcando que mantendrán “el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y Ministras”, también en femenino.
Una vez que todos acataron la Constitución, se hicieron la foto de familia con el rey y con Sánchez y luego mantuvieron una charla informal a puerta cerrada.
“Podemos romper filas”, señaló en tono de broma María Jesús Montero, la nueva vicepresidenta cuarta, para deshacer el posado.
Al acto han asistido la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol; el del Senado, el conservador Pedro Rollán; el del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; y el del Consejo General del Poder Judicial, órgano rector de los jueces, por suplencia, Vicente Guilarte.
Una vez formalizada la promesa, los ministros asumirán las carteras de la mano de sus antecesores en las sedes de cada ministerio.
El Ejecutivo de Sánchez mantiene los pilares básicos de la pasada legislatura, con un marcado perfil político, el foco puesto en la economía, con diez ministerios de corte económico, y el reto de la estabilidad institucional en una España muy polarizada.
En esta legislatura, el Ejecutivo español deberá enfrentar una notable división política y social por la ley de amnistía a independentistas catalanes, condición impuesta por esas formaciones para la investidura de Sánchez y que origina protestas en el país. EFE