El gobierno de Chile denunció el jueves que Venezuela negó el aterrizaje con migrantes de esa nacionalidad expulsados del país y anunció “gestiones al más alto nivel” para que se cumpla un acuerdo sobre esta materia.
El avión debía partir a Venezuela pero “lamentablemente este vuelo no fue autorizado”, dijo la ministra del Interior y Seguridad, Carolina Tohá, presionada por la oposición para agilizar las expulsiones de migrantes irregulares que vinculan a un incremento de la delincuencia en el país.
El vuelo buscaba repatriar a 60 venezolanos sin papeles migratorios. Según explicó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, las personas estaban identificadas, se trataba de detenidos por la Policía de Investigaciones (PDI) y se había contratado el avión para retornarlas.
Según la ley chilena, solo pueden ser retenidos durante cinco días, por lo que de no ser expulsadas en ese plazo, deberán ser liberadas.
“El gobierno (de Chile) ha hecho amplios y diversos esfuerzos para poder permitir que los procesos de expulsiones se lleven adelante”, lamentó Tohá, que enfrenta una amenaza de juicio político por parte de la oposición de derecha que exige la expulsión de 12.000 migrantes irregulares antes de fin de año.
La ministra aseguró que el gobierno del izquierdista Gabriel Boric -que endureció el tono en las últimas semanas frente a la migración irregular- va a realizar “gestiones al más alto nivel diplomático para resolver este problema” y poder concretar expulsiones que fueron resueltas por la justicia.
Desde 2017, Chile registra un aumento exponencial en la llegada de migrantes de Venezuela, miles de los cuales cruzaron caminando la frontera por Bolivia o Perú a través de pasos clandestinos.
De acuerdo con estimaciones oficiales, de los 1,7 millones de extranjeros que llegaron a Chile en los últimos años casi la mitad de ellos son venezolanos.
En un intento por mejorar la coordinación política con Venezuela, el gobierno de Chile nombró este año a un nuevo embajador en ese país, el socialista Jaime Gazmuri, un cargo que se mantenía vacante desde hace cinco años.
El aumento de la migración irregular domina el debate en Chile tras una serie de sonados casos policiales que han tenido a extranjeros como protagonistas, entre ellos, el ataque con una granada el pasado 19 de noviembre a una policía.
En medio de una creciente sensación de inseguridad de los chilenos, según encuestas, el país volverá a pronunciarse el 17 de diciembre en un plebiscito para definir si se aprueba o no un proyecto de nueva Constitución para reemplazar la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición se alineó detrás de la opción “a favor” del nuevo texto, promovido como la “Constitución de la Seguridad”, y que contiene en uno de sus artículos la obligación de expulsar a los migrantes irregulares en el menor tiempo posible. AFP