En diciembre documentamos 17 casos y 32 violaciones a la libertad de expresión de periodistas, trabajadores, medios de comunicación y ciudadanía en general, la mayoría de estas acciones las ejecutaron funcionarios de cuerpos de seguridad e instituciones del Estado venezolano.
Por Espacio Público
En total, 22 periodistas y reporteros resultaron víctimas en su derecho a expresarse, buscar y difundir información, lo que representó 73 % del total de 30 víctimas que registramos. 23 de las 32 violaciones fueron actos de intimidación, junto con cuatro actos de censura, dos hostigamientos judiciales, dos verbales y una amenaza.
De los 22 victimarios documentados, 13 fueron cuerpos de seguridad, junto con cuatro instituciones y tres funcionarios públicos, lo que da cuenta de la política intimidatoria y la impunidad que practica el Estado venezolano. Cabe destacar que en diciembre hubo violaciones a la libertad de expresión en 12 estados del país.
Periodistas y medios vulnerados
El 1° de diciembre, funcionarios militares que custodiaban el Liceo Nacional Bolivariano “Simón Rodríguez” de Carúpano, estado Sucre (noreste), impidieron que la periodista de Qué Pasa en Venezuela, Regina Freites, hiciera una cobertura informativa sobre el referendo consultivo del 3 de diciembre.
Los funcionarios prohibieron que la reportera hiciera su trabajo y le exigieron eliminar los videos de apoyo que había grabado de la fachada del liceo, que fue centro electoral en los comicios.
En el estado Monagas (oeste), sujetos desconocidos golpearon y robaron a periodistas del del circuito FM Center: Paola Martínez y Ángel Rivas, mientras regresaban a sus casas desde sus trabajos en la ciudad de Maturín, capital de la entidad.
Según informó el medio regional El Periódico de Monagas, los comunicadores fueron asaltados y golpeados cerca de un centro comercial en la avenida Alirio Ugarte Pelayo; fueron abordados por desconocidos con armas de fuego, quienes le quitaron sus pertenencias bajo amenaza de muerte.
Funcionarios de la DGCIM y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) prohibieron que las y los periodistas Ruth Lara Castillo, María Torres y Juan Carlos Hernández grabaran y cubrieran el derrame petrolero que ocurrió en la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo (norte).
Los comunicadores se acercaron a la zona costera afectada por el derrame a buscar testimonios, material gráfico y mayor información, dada la opacidad que mantiene PDVSA y el gobierno sobre el desastre ambiental. Lara y Torres lograron tomar algunas fotos y grabar videos, pero al salir de la zona unos funcionarios del SEBIN las obligaron a borrar todo el material que tenían.
En el estado Falcón (noroeste), el alcalde oficialista de la ciudad de Coro, Henry Fernández, intentó ejecutar el cierre de la emisora Metrópolis 88.1 FM haciendo uso de funcionarios de la dirección de Hacienda Municipal, debido a diferencias con el exalcalde Pablo Acosta, quien también milita en el PSUV e iba a transmitir un programa en la emisora.
El intento de cierre ocurrió el 29 de diciembre, un día antes de la emisión del programa de Acosta en Metrópolis 88.1 FM, se presume que la causa es que ambos tienen diferencias políticas y personales. La alcaldía de Fernández hostigó a la emisora enviando una comisión de la policía municipal, pero el cierre no se concretó.
Ataques a la ciudadanía
En el estado Anzoátegui (noreste), cuerpos de seguridad del Estado detuvieron de forma arbitraria el 2 de diciembre a Giovanni Yaguaracuto, líder del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) e intentaron detener al secretario de prevención del Hospital Luis Razetti de Barcelona, Edisson Hernández.
A Yaguaracuto lo detuvo una comisión de los Servicios de Investigación Penal (SIP); a sus abogados les indicaron que estaba siendo investigado por “instigación al odio”, sin dar más detalles. A Hernández, por su parte, los funcionarios fueron a buscarlo a su casa, pero él no se encontraba allí. Ambos denunciaron a finales de noviembre sobre la situación en la que se encontraba la morgue del Hospital Luis Razetti.
Una funcionaria de la Milicia Bolivariana trató de impedir que el ciudadano Ronaykel Aristeguieta grabara una irregularidad en la estación Plaza Venezuela del Metro de Caracas. El ciudadano estaba reclamando un problema con los métodos de pago para recargar la tarjeta de ingreso y que no dejaban pasar a la gente por los torniquetes.
La miliciana le respondió de forma agresiva y Aristeguieta comenzó a grabar, por lo que otra miliciana le indicó que no podía hacer videos y se le fue encima al ciudadano. “Comienza a manotearme el teléfono, le digo que la voy a denunciar y se vino hacia delante. Yo la estaba grabando y la señora hacía como si nada; de hecho, en la grabación se escuchan hasta groserías”, dijo Aristeguieta.
Los activistas y dirigentes sindicales Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Nestor Astudillo y Reynaldo Cortés fueron excarcelados el 20 de diciembre, luego de más de 500 días detenidos injustamente y más de cuatro meses después de ser condenados a 16 años de prisión.
Los sindicalistas estaban detenidos en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de La Yaguara, al suroeste de Caracas y estaban privados de libertad desde que funcionarios de la DGCIM los detuvieron arbitrariamente entre el 4 y el 7 de julio de 2022.
Tres días después, el estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), John Álvarez, también fue excarcelado de la sede de la PNB de La Yaguara, donde tenía más de 110 días detenido arbitrariamente. Según denuncias de familiares y abogados, Álvarez fue víctima de torturas y tratos crueles por parte de sus custodios.
A su salida del centro de detención, el estudiante de Antropología dijo que su prioridad es la salud y realizarse los exámenes médicos necesarios. Álvarez fue detenido de forma arbitraria el 30 de agosto y estuvo desaparecido hasta el día siguiente; fue vinculado con el caso de los seis sindicalistas sentenciados a 16 años de prisión y tendrá medidas cautelares con régimen de presentación cada 15 días, según informó El País.
Un ciudadano que intentaba pagar su pasaje con dinero en efectivo en el Metro de Caracas fue hostigado verbalmente el 24 de diciembre por un funcionario de ese servicio de transporte público, quien además lo señaló de manera despectiva como “mendigo” porque no tenía dinero en su tarjeta de débito, único método de pago que aceptan.
Ante la irregularidad, el ciudadano comenzó a grabar un video para subirlo a redes sociales y ante la insistencia fue hostigado verbalmente por uno de los operadores de la estación.
Funcionarios de seguridad del Estado detuvieron el 26 de diciembre al teniente coronel del Cuerpo de Bomberos del estado Miranda (norte), Alfredo Lizcano, en retaliación a la publicación de un video que se hizo viral en redes sociales el 24 de diciembre, en el que exigía derechos laborales para los trabajadores de esa entidad.
Lizcano se dirigió directamente en el video al Ministerio Público y al gobierno de Nicolás Maduro, al destacar la precariedad de los salarios y la poca capacidad que tienen los bomberos de Miranda para costear sus gastos básicos y los de las fiestas navideñas; también acusó al Ministerio de Interior y Justicia de no atender las demandas de los cuerpos bomberiles en el país.
Ante la detención, grupos de bomberos de Miranda y del Distrito Capital se reunieron con organismos del Estado para interceder por la liberación de Lizcano, la cual ocurrió al final de la tarde del mismo 26 de diciembre.
Balance del referendo consultivo
El 3 de diciembre se realizó el referendo consultivo sobre la Guayana Esequiba, convocado por la Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, y organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Durante la jornada, documentamos siete casos de violaciones a la libertad de expresión de periodistas, medios de comunicación y ciudadanía en general, detallados así:
– A las 10 de la mañana, funcionarios de la Milicia Bolivariana le impidieron a un periodista de El Tiempo acceder a un centro de votación en Carúpano, estado Sucre, por “órdenes de la superioridad militar de la zona”.
– En el municipio Tinaquillo del estado Cojedes (centro), funcionarios del Plan República impidieron el acceso de periodistas y equipos de prensa de Qué Pasa en Venezuela, Venevisión, Televen, VTV, Globovisión, Unión Radio y Mango Noticias al centro de votación de la Escuela Básica Bolivariana Ligia Cadenas Alvarado.
– Al periodista Ricardo Tarazona le impidieron grabar videos en las afueras del centro de votación ubicado en la Unidad Educativa Cecilio Acosta de San Felipe, estado Yaracuy (norte). Los victimarios fueron un miliciano, un oficial de apellido Oviedo de la PNB y un teniente de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
– En el estado Trujillo (oeste), el corresponsal del Diario de Los Andes, Eduardo Viloria, fue llevado a un comando de la PNB luego de que el Plan República le impidiera cubrir la jornada electoral en el centro de votación de la Escuela Francisco Arévalo, ubicada en el municipio Rangel de la entidad.
– Periodistas y equipos de prensa, que ya contaban con acreditaciones, no pudieron cubrir el proceso de votación del dirigente opositor Henrique Capriles por impedimentos del Plan República en el Colegio Santo Tomás de Villanueva del municipio Baruta, estado Miranda.
– Efectivos del Plan República, junto con funcionarios del CNE, le indicaron a periodistas de Más Network Noticias, Radar Amazonas, Unión Radio y Qué Pasa en Venezuela que estaba prohibido fotografiar los espacios del centro de votación de la Escuela Bolivariana Enrique de Ferrari, ubicada en el municipio Atures del estado Amazonas (sur).
– Y en Maracay, estado Aragua (norte), un funcionario del Plan República le ordenó al periodista de El Periodiquito, David Marcano, que borrara las fotos que había tomado de la cobertura en la Unidad Educativa Las Delicias de esa ciudad.
Internet
El Observatorio de Internet VE sin Filtro informó que fallas eléctricas en el oeste del país provocaron caídas de conectividad en la mañana del 19 de diciembre. Los estados más afectados fueron Trujillo, Barinas y Portuguesa, donde la conexión a internet cayó a entre 57 % y 71 % de sus valores normales, y también hubo afectaciones en Táchira y Mérida.
El 27 de diciembre, la empresa estatal Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela (CANTV) informó en su cuenta de X (antes Twitter) que los servicios de telecomunicaciones registraron fallas parciales en en los estados Guárico (centro) y Apure (sur), debido a presuntos cortes de fibra óptica y un incendio forestal en el tramo San Juan de los Morros – El Sombrero.