Seis congresistas de diferentes partidos y regiones protagonizan el más reciente escándalo por supuesta corrupción política. SEMANA accedió a los explosivos detalles del expediente que, según la Fiscalía, dejan en evidencia cómo se habría configurado una sofisticada red para saquear al Departamento de Prosperidad Social (DPS). Los implicados son los senadores Ciro Ramírez (ya en prisión), Carlos Fernando Motoa, Juan Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Juan Felipe Lemos Uribe y Miguel Ángel Barreto. En las últimas horas fue emitida una circular roja contra el exdirector encargado de esa entidad, Pierre Eugenio García Jacquier. También está involucrado el excandidato a la Cámara Julio César García.
Los seis senadores y sus cómplices formarían parte de una poderosa organización criminal dedicada a ‘cazar’ millonarios contratos entregados a dedo. En algunos casos, de manera indignante, las obras no se construyeron y quedaron inconclusas. La sed de dinero era incalculable, según el material probatorio en poder de los investigadores. Se trata de un nuevo capítulo del expediente de corrupción conocido como ‘las Marionetas’, bautizado así en referencia al excongresista liberal Mario Alberto Castaño, fallecido en La Picota, quien durante años manejó a su antojo la contratación en Boyacá, Cundinamarca, Quindío, Tolima, Risaralda y Valle del Cauca.
Durante seis meses, un curtido grupo de investigadores de la Fiscalía se dedicó a la minuciosa tarea de recaudar pruebas documentales y testimoniales que demostrarían cómo estos congresistas y el excandidato se habrían distribuido la celebración de contratos, principalmente de infraestructura y vivienda social. En su gran mayoría, las obras están inconclusas, presentan sobrecostos y graves fallas estructurales. Todo está manchado por la más rampante corrupción.
SEMANA destapa cómo operó este presunto carrusel de contratación que se montó en el Congreso, en el cual cada congresista habría actuado por separado para sacar tajada de millonarios negocios con obras públicas. En este entramado aparece el nombre de García Jacquier, un administrador de empresas de 40 años, con una larga trayectoria política, quien en 2018 fue designado director encargado del DPS. En su despacho se manejaron grandes sumas de dinero para, supuestamente, buscar la prosperidad en Colombia, algo que quedó en un segundo plano.
De acuerdo con la investigación, su oficina en el DPS era constantemente visitada por los senadores para “cuadrar” la entrega a dedo de los millonarios contratos. García Jacquier, según el expediente, daba el visto bueno y decía qué congresista tenía que ser el beneficiario. Así se habría creado una red que presuntamente se quedó con la contratación.
El modus operandi parece clonado del que puso en marcha en su momento Mario Castaño y fue descrito esta semana con claridad por la fiscal 94 de la Unidad Anticorrupción, en la audiencia de imputación de cargos contra García Jacquier. “Cada senador contó con un subgrupo de operaciones para obtener esos beneficios ilícitos en la contratación estatal”.
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