El nuevo coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Óscar Murillo, explica a Efecto Cocuyo que la finalidad del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines es “legalizar la persecución”, con lo cual puede configurar un crimen de lesa humanidad.
Por: Ibis León / Efecto Cocuyo
“Esta ley viene a legalizar un proceso de persecución a las ONG venezolanas, puede ser considerado un crimen en el que la Corte Penal Internacional (CPI) tendría competencia porque va directamente a la persecución de las organizaciones y de los activistas y defensores que forman parte de estas organizaciones”, alerta.
En el artículo 7 del Estatuto de Roma de la CPI se considera crimen de lesa humanidad “la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional”.
Murillo fue recientemente designado como coordinador general por una comisión independiente que está conformada por tres miembros de la asamblea general de Provea que no forman parte del equipo coordinador, de acuerdo con los estatutos de la organización, una vez que el sociólogo Rafael Uzcátegui, quien se desempeñaba anteriormente en el cargo, cumplió el período correspondiente.
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