La toma violenta de TC Televisión por parte de un grupo narcocriminal ha sido uno de los hechos más recientes que evidencian la indefensión del periodismo ecuatoriano. El escenario violento tuvo su primera gran alerta en el 2018, con el secuestro y asesinato de un equipo de diario El Comercio. La impunidad sobre ese crimen, el discurso contra la prensa desde las esferas políticas y la penetración del crimen organizado han resultado en un ambiente hostil para ejercer en Ecuador. Prueba de esto es que once periodistas se exiliaron luego de recibir amenazas contra su vida. De ellos, solo dos han podido retornar al país y seguir ejerciendo.
Por Infobae
Durante el 2023, alrededor de 340 periodistas y trabajadores de la comunicación sufrieron algún tipo de agresión. Fueron más de 250 alertas reportadas con un incremento de la violencia del 275 % en comparación con el 2022, según los reportes de Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, dos organizaciones de la sociedad civil que velan por la libertad de expresión, la defensa de los periodistas y que conforman la Mesa de Articulación para la Protección de Periodistas (MAPP).
Realizar coberturas sobre narcotráfico en medio de la violencia provocada por la operación de las bandas del crimen organizado no es fácil. Los periodistas enfrentan nuevos desafíos en materia de seguridad, contacto con las fuentes y censura. A esto se suman los dilemas éticos que ha enfrentado el gremio ecuatoriano, especialmente tras la revelación del Caso Metástasis donde se evidenció que un periodista mantenía una relación cercana con un capo narco que planificaba atentar contra otros colegas.
Los retos no son exclusivos de los periodistas profesionales en ejercicio, sino también de las Escuelas de Periodismo de las universidades, de los medios de comunicación y, principalmente del Estado, que a través de sus instituciones debe proteger a los comunicadores y desembolsar los recursos para que los mecanismos de protección funcionen.
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