El endeudado gigante inmobiliario chino Evergrande y sus dos filiales cotizadas en la Bolsa de Hong Kong detuvieron la negociación de sus acciones minutos después de que la Justicia hongkonesa ordenase la liquidación del grupo, lo que provocó un fuerte desplome en el valor de los títulos.
Hacia las 10.30 hora local (02.30 GMT), las acciones de Evergrande bajaban un 20,87 %; las de su filial de vehículos eléctricos, Evergrande NEV, un 18,21 %, y las de la subsidiaria dedicada a gestión inmobiliaria, Evergrande Property Services, un 2,5 %.
Los títulos de Evergrande cotizan actualmente a 0,16 dólares de Hong Kong (0,02 dólares) la unidad, lo que supone una caída de prácticamente un 99,5 % con respecto al pico máximo que registraron en octubre de 2017, de 31,55 dólares de Hong Kong (4,04 dólares).
Antes de la vista judicial, estas acciones ya habían experimentado fuertes caídas a doble dígito ante las informaciones que apuntaban a que la última ronda de negociaciones entre Evergrande y sus acreedores extranjeros había acabado en ruptura, por lo que estos se iban a sumar a la petición de liquidación contra la promotora.
“La vista ha durado un año y medio y la compañía todavía no ha logrado presentar una propuesta concreta de reestructuración. Creo que es hora de que el tribunal diga que ya basta“, indicó hoy la jueza del caso al fallar a favor de los acreedores.
Se espera que este mismo lunes se nombre un administrador judicial provisional para Evergrande, aunque los analistas ponen en duda que sea reconocido en la China continental, donde el grupo tiene la mayoría de sus activos.
Evergrande, con un pasivo de unos 330.000 millones de dólares, entró en impago hace más de dos años tras sufrir una crisis de liquidez por las restricciones impuestas por Pekín a la financiación de promotoras con un alto nivel de apalancamiento, tras lo que fue intervenida por las autoridades chinas.
Además, el grupo se ha visto sumido en una nueva crisis después de que su fundador y presidente, Xu Jiayin, fuese puesto bajo una especie de arresto domiciliario por “sospechas de actividades ilegales“. EFE