En la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional el pasado 9 de enero de 2024, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunció que el 12 de enero se daría inicio a la consulta pública del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines, aprobada en primera discusión el 23 de enero de 2023.
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Representantes de organizaciones no gubernamentales, asociaciones y fundaciones han manifestado su preocupación, porque aseguran que, de aprobarse este proyecto de ley, se violarían derechos humanos establecidos en la Constitución, leyes nacionales y tratados internacionales.
Adelba Taffin, miembro de la ONG Padres Organizados, consideró que este proyecto tiene el propósito de ilegalizar a las organizaciones, debido a que las obliga a buscar aprobación del Gobierno para poder funcionar.
“En esta ley se prevé la disolución de las organizaciones por vía administrativa. Esto es absolutamente ilegal porque las organizaciones, como las asociaciones civiles, las fundaciones, que son organizaciones de la sociedad civil que no tienen fines de lucro, con la sola inscripción en el registro civil era suficiente para que funcionaran normalmente, eso lo establece el Código Civil. Pero ahora deben registrarse, no solamente en el registro civil, sino en otros entes administrativos del Gobierno para que puedan ser consideradas de que están legitimadas para funcionar”, afirmó Taffin.
Destacó que en caso de que las organizaciones no logren cumplir con todas las exigencias previstas en el texto normativo, están sujetas a fuertes sanciones y multas confiscatorias que oscilan entre 3.000 y 12.000 dólares.
De acuerdo con el artículo 15 del proyecto de ley, las ONG tendrán prohibido “recibir aportes destinados a organizaciones con fines políticos, realizar actividades políticas, promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República”.
La vocera explicó que esto limita severamente la posibilidad de defender derechos humanos y ciudadanos, así como exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.
“Eso evidencia claramente que la inspiración política de esta ley se inscribe dentro de patrones de criminalización sistemática contra las organizaciones de la sociedad civil. Esto trae como consecuencia el cierre del espacio cívico mediante un cerco de restricciones muy serias a la sociedad civil para continuar defendiendo derechos y prestar la debida asistencia y protección a la población venezolana”, consideró la vocera de la ONG Padres Organizados.
Según el artículo 13 de la normativa, el Ejecutivo Nacional tendrá competencias de “supervisión, inspección, control y sanción por parte del Estado sobre las ONG”. El documento destaca que una de las atribuciones es “implementar mecanismos de control que permitan supervisar y sancionar las desviaciones de los sujetos de la presente ley que comprometan la soberanía nacional o el normal desenvolvimiento de la asociación civil”.
Sectores vulnerables son los más afectados
Taffin señaló que la aprobación de esta ley traerá consecuencias negativas para los sectores más vulnerables. Puntualizó que el texto contempla restricciones sobre el acceso a los apoyos internacionales que puedan recibir las organizaciones que se dedican al trabajo humanitario.
El numeral 5 del artículo 12 hace referencia a las fuentes de financiamiento y establece que las organizaciones no gubernamentales tendrán la obligación de declarar con fines de registro, la relación de donaciones recibidas con plena identificación de los donantes, indicando si son nacionales o extranjeros, accidentales o permanentes.
“Todas aquellas personas que han sido impactadas por la situación de Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa este país desde hace más de siete años y que sus necesidades son atendidas por este tipo de organizaciones, necesidades de salud, alimentación, que no son atendidas por el Gobierno; entonces ahora tampoco van a poder ser atendidas por estas organizaciones que se han dedicado a través de los años a paliar un poco la situación tan grave”, comentó la miembro de la ONG Padres Organizados.
Alertó que esto podría profundizar la situación de vulnerabilidad de este sector de la población venezolana.
Ante esto, Taffin hizo un llamado a la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, a que no insista en el avance y discusión del proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines.
“Este texto viola a todas luces múltiples derechos humanos que están en la Constitución, los tratados internacionales, y no mejora el ambiente del país en este contexto de Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa. También solicitamos a la comunidad internacional que rechace esta ley y cualquier otro texto normativo que pueda limitar el ejercicio de los derechos ciudadanos”, resaltó Taffin.
El 30 de enero de 2023, la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela expresó su preocupación por las posibles implicaciones del proyecto de ley.
“De ser sancionada, la ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático en Venezuela”, alertó Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU.