En el sistema democrático se encuentra el principio básico de que cada ciudadano tiene el derecho inalienable de elegir a sus representantes y, a su vez, ser elegido para ocupar cargos públicos. El respeto irrestricto a la Constitución y los Derechos Humanos, son en esencia la participación ciudadana y la construcción de sociedades basadas en la justicia e igualdad. Cuando se quebranta, se atenta contra la sociedad democrática; que se tambalea, dejando secuelas devastadoras, que, amenazadas por operaciones ilícitas, socavan la voluntad y restringen la libre elección.
No se limita a un ámbito, abarca otras esferas de la vida social. En el contexto político, se manifiesta la posibilidad de votar por representantes que consideren idóneos para liderar y tomar decisiones en nombre de la comunidad. Simultáneamente, ser elegido admite pensamientos y enfoques diferentes que contribuyan al proceso en la toma de decisiones, asegurando grafía diversa y equitativa.
El derecho de elegir y ser elegido, es piedra angular de las democracias, reflejo de pluralidad, voces y perspectivas que enriquecen. Cuando es violado, carcome la confianza en las instituciones democráticas, y legitimidad de aquellos que ostentan el poder. Su vulneración, dinamita el corazón democrático.
Su infracción es más que una simple falta legal; es una agresión grave y directa a la democracia. Cuando al ciudadano se le despoja de la capacidad para elegir libremente a sus representantes o aspirar a puestos de liderazgo, se erosiona el afecto institucional; quiebre que desencadena un círculo vicioso de alineación, descontento y desencanto, creando grietas difíciles de reparar.
Las amenazas se manifiestan de muchas maneras. Desde prácticas electorales fraudulentas hasta restricciones indebidas e ilegales. De las formas más insidiosas de vulnerar el derecho a elegir y ser elegido es a través de obstáculos a la intervención política de grupos o individuos. Restringir el acceso, inhabilitación espuria, violación al derecho de la defensa, imposición de exigencias indebidas, manipulación de circuitos electorales, limitación de la libertad de expresión y censura de opinión, constituyen un grave menoscabo a la independencia. La multiplicidad es esencial, cualquier intento de marginarla, corroe la legitimidad e integridad del proceso electoral.
Un aspecto crítico que amenaza el derecho a elegir y ser elegido es la corrupción política. La compra de votos, financiación ilegal de campañas y manipulación de resultados, no solo distorsionan la voluntad popular, sino que generan desconfianza. Cuando la podredumbre permea el proceso, la democracia se ve amenazada y la representación deja de ser un reflejo fiel.
La contravención no solo afecta a aquellos involucrados, sino que tiene ramificaciones profundas para la sociedad. La diversidad de opiniones y perspectivas enriquece la causa democrática, promoviendo un diálogo robusto y la adopción de decisiones más informadas. Cuando se limita la capacidad de elegir y ser elegido, se coarta la disparidad de ideas y se sientan bases para un sistema monótono y excluyente.
La comunidad internacional, debe estar alerta ante cualquier indicio -por mínimo- de transgresión al derecho a elegir y ser elegido. Su defensa es responsabilidad de los ciudadanos de cada nación, y también un deber compartido a nivel global. La presión y solidaridad entre naciones desempeña un papel crucial en la protección de la democracia y la denuncia de cualquier intento de socavarlos.
El desacato constitucional representa un peligro para la estabilidad de las democracias en el mundo. Solo a través de un compromiso continuo con la transparencia, colaboración ciudadana y lucha contra la corrupción, se puede preservar la honradez de los procesos electorales. Su protección es un acto de justicia y garantía de un futuro donde la democracia florezca y se fortalezca en beneficio de todos.
En última instancia, proteger, preservar el derecho constitucional y humano a elegir y ser elegido, es prioridad inquebrantable para cualquier sociedad comprometida con la libertad, democracia y justicia. La vigilancia constante, rendición de cuentas y promoción de una cultura de participación activa son herramientas esenciales para salvaguardar este derecho vital. Solo a través de la obediencia y salvaguarda de la autonomía, podemos construir sociedades justas, inclusivas y resilientes. La inobediencia de un Derecho Humando atropella al individuo, y socava el principio democrático que tanto nos esforzamos por preservar.
@ArmandoMartini