La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ordenó el inicio de una investigación inmediata para determinar si al menos un arma de procedencia peruana fue usada por los sicarios que asesinaron en agosto pasado al candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio.
“La presidenta ha dispuesto que Sucamec (Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil) organice una investigación inmediata“, informó este lunes el primer ministro, Alberto Otárola.
El presidente del Consejo de Ministros añadió que, en el aspecto judicial, “la investigación estará a cargo del Ministerio Público”
Otárola remarcó que el Gobierno peruano va “a tomar todas las medidas que permitan no solamente reducir la delincuencia sino castigar a aquellos malos funcionarios o ciudadanos que pretendan traficar con las armas generando todo el daño que conocemos“.
El anuncio de la investigación se conoció después de que el programa periodístico Punto Final informó este domingo que al menos un fusil AR-15 que usaron los sicarios que asesinaron a Villavicencio fue importado legalmente y tiene registro peruano, pero llegó de forma ilegal a Ecuador.
Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto a la salida de un mitin electoral en un recinto escolar del centro norte de Quito, donde, al abordar un vehículo, fue acribillado a tiros de arma de fuego por sicarios colombianos, en un ataque a corta distancia.
La mayoría de los procesados por el asesinato han muerto en circunstancias aún no esclarecidas, entre ellos los siete colombianos que participaron en la ejecución del atentado.
El programa Punto Final citó el testimonio del jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional de Perú (Dirincri), Carlos Céspedes, quien detalló que van a “dar cuenta cómo llegó un arma” peruana a ser utilizada por los sicarios.
“Hablamos de delitos trasnacionales, delitos que rompen fronteras, de organizaciones criminales que se pueden asentar en Ecuador, Perú u otros países, estamos hablando de tráfico de armas“, añadió Céspedes.
El jefe policial sostuvo que se sospecha que existe una red de tráfico ilegal de armas y confirmó que el fusil AR-15 se puede importar y vender de manera legal en Perú, pero hay compradores que adquieren grandes cantidades y luego reportan pérdidas y robos.
“Este año en Pataz (provincia del norte de Perú), en recientes operativos, encontramos cuatro armas AR-15 incautadas por la Policía de Trujillo“, señaló Céspedes al comentar otros hallazgos de este tipo de fusiles en varios puntos del país.
Precisamente, Otárola se refirió al incremento del accionar del crimen organizado y la delincuencia en la región norteña de La Libertad, donde se encuentra Pataz, y dijo que esta semana el Gobierno anunciará nuevas medidas de seguridad.
Adelantó que “existe es una decisión del gobierno” de instalar una base policial-militar en Pataz, donde en los últimos meses se han presentado asesinatos, enfrentamientos y acciones violentas atribuidas a mineros informales. EFE