La fiscalía en Venezuela defendió este miércoles la detención por “terrorismo” de la activista de derechos humanos Rocío San Miguel, un hecho que oenegés califican de “escalada” contra la sociedad civil en un año en el que están previstas elecciones presidenciales.
San Miguel, de nacionalidad venezolana y española, es acusada de “traición a la patria”, “terrorismo” y “conspiración”. El fiscal general, Tarek William Saab, dijo que está “vinculada de manera directa” con la operación “Brazalete blanco”, un supuesto complot denunciado por el gobernante chavismo para asesinar al presidente Nicolás Maduro.
“Su misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando”, aseguró en una declaración a la prensa Saab, quien sostiene que la activista fue “delatada por los militares detenidos” en el caso.
San Miguel fue arrestada el 9 de febrero cuando se disponía a viajar al extranjero junto a su hija, quien también había sido detenida pero quedó en libertad condicional.
Su exesposo, el coronel retirado Alejandro José Gonzales, también fue capturado bajo sospecha de “revelación de secretos políticos y militares”, según Saab.
Sus dos hermanos y el padre de su hija también fueron detenidos, aunque luego serían excarcelados. Saab los acusó de “encubrir medios probatorios”: un celular y una computadora portátil.
La vivienda de San Miguel fue allanada este miércoles por agentes de Contrainteligencia Militar, informó uno de sus abogados, Joel García. Fueron confiscados, según dijo, un iPad y viejos mapas de “zonas de seguridad” que la activista usaba cuando daba clases en institutos militares.
“Desaparición forzosa”
Desde el arresto de San Miguel, que se hizo oficial el domingo en la tarde, los abogados de San Miguel denuncian una “desaparición forzosa” de su defendida, a quien aún no han tenido acceso.
“Siguen las violaciones a las garantías y derechos fundamentales (…). Estamos a las puertas del tribunal para ser designados como sus defensores, pero no ha sido posible por la ausencia del juez”, denunció Joel García más temprano.
“Transcurre el lapso para la apelación y para proponer diligencias de investigación”, agregó García. “La idea es que transcurra, pero sin defensa privada”, cuestionó.
Saab aseguró que todo se hizo conforme a derecho.
“Escalada”
“¡Liberen a Rocío!”, repitieron este miércoles representantes de oenegés congregadas en Caracas para exigir la excarcelación de la directora de Control Ciudadano, que registra casos de violaciones de derechos humanos en civiles y militares.
“A Rocío San Miguel la detienen en una política del Estado venezolano de criminalizar las organizaciones de la sociedad civil y a sus miembros (…). Vemos una escalada en la profundización de la criminalización y la represión”, dijo a la AFP la abogada Andrea Santacruz, de la ONG Civilis.
“Estamos seguros de que ella no está implicada en ningún hecho ilícito”, recalcó.
Con la aprehensión de San Miguel suman 19 los detenidos por “Brazalete blanco” y quedan por ejecutar 15 órdenes de arresto, detalló Saab, que acusó una “feroz campaña” internacional contra la justicia venezolana.
“Puerta giratoria”
La detención de San Miguel entra dentro de un esquema que expertos denominan “puerta giratoria”, que consiste en concretar excarcelaciones al mismo ritmo en que se practican nuevos arrestos.
“A través de unas negociaciones del Acuerdo de Barbados se liberaron unas personas y ahora se vuelve a encarcelar otras”, declaró a la AFP Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, que defiende a “presos políticos”.
En diciembre pasado, 10 estadounidenses y 24 venezolanos fueron excarcelados en Venezuela tras un acuerdo suscrito entre el gobierno y la oposición de cara a las elecciones presidenciales, previstas para este año, pero aún sin fecha fijada, en las que Maduro aparece como candidato natural a la reelección.
A cambio, Estados Unidos liberó a Alex Saab, acusado de ser testaferro del presidente y enjuiciado por lavado de dinero en ese país.
“Ya es costumbre que se inventan casos en contra de personas para justificar supuestos atentados”, añadió Romero, que estimó que el gobierno ha optado por pagar “un costo político bien alto”. AFP